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Pacto Antiyihadista: Las empresas de alquiler de vehículos y hospedajes deberán informar de sus clientes

Se trata de una de las medidas que recoge el pacto antiyihadista en el que está trabajando el Gobierno para la detección de posibles yihaditas 

 
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Las empresas de alquiler de vehículos y las dedicadas al hospedaje en viviendas vacacionales tendrán la obligación de contar con un registro documental de sus contratos, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad cuenten con información de posibles sospechosos yihadistas.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiyihadista a la que han acudido representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD, UPN y Podemos, éste último en calidad de observador, en tanto que los partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV han rechazado participar.

Zoido ha asegurado que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas legislativas "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año, entre ellas, un Real Decreto para que las empresas de alquiler de vehículos y hospedajes vacacionales estén obligadas a registrar a sus clientes en una base de datos.

Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Seguridad Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de Entidades Religiosas, aunque el titular de Interior no ha precisado en qué sentido irán los cambios legislativos.

Se modificará también el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, en tanto que se pretende avanzar en una nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas" para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.

El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.

En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar la norma a la de la UE, con el objetivo de que eviten que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras su paso por prisión.

Además de estas medidas, el director del Centro de Inteligencia con el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, ha dado cuenta a los asistentes de la reunión del pacto de un informe sobre los atentados perpetrados en agosto en Barcelona y Cambrils que costaron la vida a 16 personas y dejaron un centenar de heridos.

Precisamente la cita de hoy es la segunda tras estos ataques en la que, según ha dejado claro Zoido, no se ha hablado sobre los contactos que el CNI estableció con el imán de Ripoll y cerebro de la célula de Alcanar (Tarragona).

Sí ha comentado el titular de Interior al final de la reunión, que ha durado más de horas, que ha "recomendado" a los partidos que asisten en calidad de observadores (Podemos, PNV y ERC) que asuman un papel "más proactivo", es decir, que suscriban el pacto.

Desde el PSOE, Adriana Lastra ha compartido la necesidad de afrontar modificaciones legales para abordar un fenómeno "mutable", aunque ha dejado claro que no van a aceptar "cualquier cosa que se les ponga sobre la mesa", por lo que ha confiado en poder llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria de las medidas anunciadas. 

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