Junts pel Sí y la CUP han presentado este lunes al mediodía en el Parlament la Ley de Transitoriedad Nacional. Es la principal de las "leyes de desconexión".Esta ley se encargaría de crear un marco legal alternativo al español, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia en el referéndum.

La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto, es la principal "ley de desconexión" prevista por el Govern y los partidos independentistas. Deberá establecer el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el 'sí' a la independencia se impusiera en el referéndum que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre.

Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del 'sí', tanto ERC como la CUP son favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del eventual referéndum del 1-O.

El Gobierno ha advertido hoy de que la ley de transitoriedad que quieren impulsar los independentistas catalanes para dar un marco legal a la desconexión "nunca entrará en vigor".

Acusa asimismo a la Generalitat de "rendirse" ante los planteamientos de un partido "minoritario, radical y antisistema" como la CUP.

Y recalca, en cualquier caso, que el Ejecutivo seguirá respondiendo a todos los "intentos" de los independentistas de "vulnerar" la Constitución, incluida la presentación de esta norma.

Desde el Gobierno se considera una "paradoja" que mientras en París se celebra la reunión de los jefes de Gobierno de cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad" los independentistas aprovechen para presentar "una iniciativa ilegal" con la que "tratan de desconectar a los catalanes de España y de Europa".

Además entiende que el "anuncio improvisado" que han hecho hoy políticos "de segundo y tercer nivel" de JxSí y la CUP pone de manifiesto que "los más radicales llevan las riendas de la política catalana".

Añaden las mismas fuentes que no queda en la Generalitat "ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional" y acusan al Govern de tener como única estrategia el "generar un estado constante de crispación y provocación".

En cualquier caso, el Gobierno recuerda que tiene "la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes" y la convicción de que entre sus responsabilidades está la de "defender a los ciudadanos de Cataluña -piensen como piensen y sientan lo que sientan- de un grupo de radicales que están intentando someter y silenciar a la mayoría de catalanes".

Además, ante la presentación de esta iniciativa, el Ejecutivo advierte de que seguirá dando respuesta a todos los "intentos" de los independentistas de "vulnerar" el orden constitucional, incluido éste.