Cada día cobra mayor verosimilitud la conexión entre la trama de corrupción ligada a los gobiernos nacionalistas en Cataluña y el proceso secesionista que ayer dio un paso más en el Parlamento recién constituido. Lo cierto es que al tiempo que el sistema popularmente denominado del “3 por ciento” se consolidaba como parte del sistema, avanzaba todo un proceso de adoctrinamiento de la sociedad que ha abarcado desde la escuela a las instituciones políticas, numerosos medios de comunicación y realidades de la sociedad civil. Ideología, sentimientos exacerbados, falsificaciones de la historia e intereses muy personales, han caminado de la mano en este proceso, y eso debemos tenerlo en cuenta cara al futuro. Pero en estos momentos en que el desafío está llegando a su límite, no es hora de reproches entre quienes defienden el Estado de Derecho. Tiempo habrá para los análisis y la revisión de los errores de cada cual. Estamos en una fase del desafío separatista que exige a todos los partidos que defienden la Constitución y la unidad de España, una declaración formal de firmeza y de apoyo al Gobierno, al margen de legítimas diferencias ideológicas. Aunque algunos dirigentes políticos han expresado ya su respaldo al Ejecutivo, acaso sea necesario un paso más que haga bien visible la voluntad de todos en defensa del Estado de Derecho y recuerde que nadie puede colocarse por encima de la ley.