"Todos los derechos humanos que existen offline deben también estar protegidos online, en particular el derecho a la libertad de opinión y expresión", señalaron los ministros en un texto de conclusiones aprobado en su reunión de hoy en Bruselas. "La UE se opone firmemente a las restricciones injustificadas en internet y otros nuevos medios", añadieron. Los Veintiocho reconocen que las innovaciones en las tecnologías de información y comunicación han creado nuevas formas de promocionar la libertad de expresión, pero también nuevos retos, e insisten en la necesidad de preservar la libertad de expresión y opinión, que desempeñan un papel central en una sociedad democrática. "Estas libertades son esenciales para el cumplimiento y el disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos" como la libertad de asociación y reunión, de pensamiento y religión o creencias, el derecho a la educación, a participar en la vida cultural y a votar, entre otros. "Sin libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, una ciudadanía informada, activa y comprometida es imposible", recalcan. Para facilitar el respeto a estos derechos y libertades, la UE ha acordado hoy una serie de directrices para internet que se sumarán a las ya existentes, que cubren todos los aspectos de los derechos fundamentales. Los países deberán asegurarse de que sus sistemas legales se adecúen a estas directrices y ofrecen garantías efectivas de opinión y expresión. La UE se compromete a abordar cuestiones como la violencia, la persecución, el hostigamiento y la intimidación, entre otros a periodistas y medios de comunicación, así como a promocionar normas que protejan la libertad de opinión y de expresión. Los ministros se comprometen también a promocionar la libertad de prensa y el pluralismo, y a trabajar para que las autoridades públicas entiendan los peligros que implica interferir en la información crítica e imparcial. Defienden el respeto de los derechos humanos en el ciberespacio y otras tecnologías de información y comunicación y apuestan por que las empresas apliquen las mejores prácticas. Apoyan, por último, promover las modificaciones legales y prácticas destinadas a fortalecer la protección de datos y privacidad.