En su conferencia, “Visión general del carbón”, ha destacado la buena labor del Gobierno de Castilla y León, y ha reclamado que el borrador de la Orden Ministerial de regulación del carbón incentive las inversiones en las empresas eléctricas, que lleva condicionada esa compra de carbón, ya que esas centrales están diseñadas para ese mix específico de carbón nacional importado. “Si no se generan toneladas, con la bajada de ayudas que ha habido no se cubrirán los costes fijos”, ha vaticinado Martín. Como ha expuesto Mercedes Martín, la solución estaría en conseguir de manera tutelada un contrato a largo plazo con las eléctricas para la compra de carbón y que las eléctricas, a su vez, obtuvieran ayudas del Estado para realizar las inversiones a las que les obliga la Directiva Europea de Emisiones Industriales y que establece la obligación de acometer inversiones antes del 1 de enero de 2016 para la reducción de agentes contaminantes (SOx, NOx), una decisión que tienen que tomaren octubre del presente año. En el caso de que las empresas generadoras de electricidad mediante la quema de carbón no realizaran estas inversiones, tendrían que reducir de forma significativa su funcionamiento: hasta 1.500 horas al año ó 17.500 horas remanentes que, una vez cumplidas, provocarían el cierre de la central. Estos límites reducirían el uso del carbón nacional en las centrales, lo que afectaría a la viabilidad de las empresas mineras y la mina que las abastece. Si cerrara la central, también cerrarían las empresas mineras. “Se cerrarían las centrales de Compostilla, La Robla y Guardo y se destruiría la minería en Castilla y León y muchos puestos de trabajo”. El sector del carbón ha sufrido un descenso importante. De 234 empresas mineras con 45.000 trabajadores y una producción de casi 20 millones de toneladas en 1990, se ha pasado en 2013 a 15 empresas, con un total de 5.000 trabajadores y una producción de carbón de 4,37 millones de toneladas. Después de la aprobación, el pasado mes de octubre, del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, que propone el mantenimiento de un papel destacado del carbón nacional dentro del mix energético, pero dentro de los límites marcados en Europa -en diciembre de 2010, decidió prorrogar hasta 2018 la posibilidad de que los Estados miembros concedan ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón, de tal manera que aquella minería que haya alcanzado condiciones de competitividad antes de esa fecha pueda seguir funcionando, pero tendrá que devolver las ayudas recibidas entre 2011 y 2018-. Situación que ha demandado Carbunión. La directora general de Carbunión ha denunciado que “la falta de carbón nacional provocaría este hueco térmico que va a ser cubierto por los ciclos combinados de gas que no hay en España, lo que provocaría una dependencia de terceros países muy inestables políticamente”.