El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y el alcalde, Augusto Hidalgo, han anunciado la decisión "definitiva" sobre esta institución tras haber mantenido una reunión en la sede del Ministerio en Madrid.    Para "salvaguardar" la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria y, al mismo tiempo, respetar las resoluciones judiciales, se ha adoptado una "decisión indemnizatoria" acordada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que entrará en vigor el próximo 1 de enero y a través de la aplicación de la Ley de expropiación forzosa.    Esta decisión de toma después de que el Gobierno incluyese vía enmienda del PP a los Presupuestos Generales en el Senado una nueva disposición final en la que se declara la biblioteca de utilidad pública e interés social de la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones jurisdiccionales relacionadas con su demolición.    "No va a tirarse la Biblioteca, no va a haber medidas indemizatorias que carguen sobre los presupuestos municipales y, por tanto, para nosotros, la solución es no sólo eficiente sino casi la ideal", ha dicho el Hidalgo en declaraciones a los periodistas a su salida del encuentro.    En este sentido, ha subrayado que la solución adoptada es "perfecta" para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ya que se mantiene el edificio "tal y como está" sin que las arcas del Consistorio tengan que soportar "en el futuro" ningún tipo de medida indemnizatoria.    Con esta decisión, le corresponderá a la Administración central resolver la vía indemnizatoria por ser la institución que expropia los derechos. Esto sucederá a partir del día 1 de enero, cuando entren en vigor los presupuestos generales de 2016.    Sobre la cantidad a la que asciende esa indemnización, Lassalle ha explicado que aún no se conocer ya que primero hay que "abrir el expediente". A partir de ahí se establecerá el justiprecio, siempre de acuerdo a los criterios de la Ley de expropiación forzosa.    A este respecto, el secretario de Estado de Cultura ha matizado que las partes interesadas podrán recurrir dicho justiprecio: "La fórmula normal es un acuerdo entre partes y la administración y, si no hay ese acuerdo, entonces es la propia administración quien lo fija. Frente a ese acto cabe lógicamente recurso contencioso administrativo", ha afirmado.    Lassalle ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas y la de la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández, así como su "compromiso" con la defensa del interés general de los ciudadanos: "Y felicitarnos porque hemos conseguido resolver una situación que afectaba a un servicio público tan importarte como la atención bibliotecaria", ha manifestado también. ORDEN DE DEMOLICIÓN    El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó en 2002 la demolición de la biblioteca por vulnerar el planteamiento urbanístico de la ciudad. El actual ministro de Industria, José Manuel Soria, era el alcalde de la ciudad en el momento de la construcción.    En julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó la solicitud para que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso de 2002, señalando que la biblioteca no podía demolerse porque tenía el régimen jurídico de un bien de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio.    Un año más tarde, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó los recursos presentados por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado contra dicho auto de 2013, de forma que instó a demoler el edificio público.    A mediados del mes de julio, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso legal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que intentaba evitar el derribo del edificio alegando que la biblioteca es pública, por tanto ligada al derecho fundamental de la cultura y es un bien de interés cultural, que tiene amparo en la Ley de Patrimonio.