No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo genera desconcierto con sus sentencias. Ahora llega la condena a España a pagar a los responsables de los atentados terroristas de la T4, Igor Portu y Martín Sarasola, sendas indemnizaciones por haber sufrido malos tratos en su detención. La realidad es que la detención de estos peligrosos criminales requirió el uso de una fuerza proporcional que habría usado cualquier policía de un país democrático.

La estrategia etarra de denunciar malos tratos por sistema ha tenido cumplido eco en lo dictado por los jueces europeos. Además, como consta en la sentencia, los magistrados reprochan al Tribunal Supremo no haber investigado de forma suficiente las acusaciones de los terroristas. Más allá del debate sobre si Estrasburgo está funcionando como un tribunal superior trasnacional que se utiliza como corte de apelación, enmendando así a los órganos competentes nacionales, lo que está en entredicho es la confianza en la imparcialidad de ese tribunal, que parece responder a dictados ideológicos.

Afirmar que en el proceso judicial español no se ha garantizado de forma suficiente la tutela efectiva de los derechos no responde a nada consistente y regala a los terroristas una baza impagable. Los jueces europeos habrían debido tener en cuenta la estrategia explícita de ETA de desprestigiar a la justicia española para ganar así una mezquina batalla.