La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha citado a Iñaki Urdangarín para comunicarle la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Deberá cumplir una pena de cinco años y diez meses de prisión. Es de esperar que no haya recurso al Tribunal Constitucional y que Urdangarín ingrese en prisión en un plazo no superior a diez días.

Así termina uno de los casos de corrupción más mediáticos y de mayor trascendencia institucional que se han vivido en España. Y con este final bien puede reconocerse, contra las sospechas de propios y extraños, que la Justicia española no entiende de influencias ni de vínculos familiares. Si Iñaki Urdangarín se aprovechó de la situación de privilegio que le confería su vínculo matrimonial con la Infanta Cristina para enriquecerse de modo delictivo, debe pagar de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. Y debe hacerlo en condiciones de igualdad con el resto de los españoles, ni más ni menos.

Es comprensible que la ciudadanía muestre un rechazo especial hacia conductas delictivas cometidas por personas de las que se espera un comportamiento más ejemplar. Sin embargo, en el régimen de garantías propio de un Estado de Derecho no caben los juicios populares movidos por emociones más o menos inducidas. Esta sentencia nos confirma en la seguridad de un sistema que, con todos sus defectos, combate la corrupción y tutela los derechos de todos.