Días después de que el Gobierno anunciara su decisión de regular la enseñanza en castellano en Cataluña, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de otra normativa de años atrás que obligaba a la Generalidad a costear los estudios en el idioma común de los españoles en centros privados. El varapalo del Constitucional se refiere a que el Gobierno habría interferido en las competencias sobre educación, cedidas a las Comunidades Autónomas. Es una sentencia que pone de relieve las dificultades del Gobierno para acabar con la discriminación lingüística en la escuela.

Por un lado hay que constatar que la Generalitat ha practicado la “inmersión lingüística” como palanca del nacionalismo en el largo proceso hacia la independencia. Por otra parte, el Estado está obligado a hacer respetar los derechos de los catalanes a estudiar en los dos idiomas oficiales en Cataluña, dentro de la libertad de enseñanza. Y lo lógico es que se encuentre el medio jurídico adecuado para evitar la discriminación de aquellos alumnos que desean estudiar en castellano.

En todo caso, la sentencia del TC pone de manifiesto la independencia del poder judicial, tantas veces cuestionada por los independentistas. Lo que importa ahora es encontrar una salida que proteja la igualdad de todos los catalanes ante en un ámbito tan sensible como es la enseñanza.