El presidente Macron ha puesto en marcha la maquinaria para consagrar el aborto como derecho constitucional. El proyecto de ley llegará antes de fin de año al Consejo de Ministros y en 2024 la reforma será una realidad, con la incógnita de si empleará la fórmula de “derecho” o de “libertad” de abortar. En 2024 se cumplen 50 años de la ley Veil que despenalizó esta práctica, no sin una fuerte controversia social. Hoy la controversia ha desaparecido, lo que indica la velocidad con la que se ha normalizado el aborto.

La medida se pretende justificar como reacción a los intentos de proteger el derecho a la vida constitucionalmente desde la concepción, principalmente en EE.UU., donde el Supremo anuló recientemente la sentencia del caso Roe vs Wade. Pero mientras aquí existe claramente un bien a proteger jurídicamente, la vida, es mucho más endeble la base de la reforma en Francia, que eleva a poco menos que derecho fundamental un controvertido posicionamiento ideológico, en contra de la tradición del derecho natural o del irrenunciable compromiso de la profesión médica con la defensa de la vida mediante el juramento hipocrático.

Se trata de una noticia triste para cualquier persona comprometida con la defensa de la vida y la ayuda a las mujeres embarazadas con problemas, que probablemente no encontrarán esa ayuda tan fácilmente ya en el futuro. Pero se trata también de una deriva relativista muy preocupante en el derecho. Si cualquier pretensión es susceptible de convertirse en derecho constitucional, ningún derecho está libre entonces de ser arbitrariamente derogado.