El Partido Popular concentrará sus esfuerzos en el futuro recurso que interpondrá contra la ley de amnistía, una vez quede esté aprobada, tras el paso del Senado para dar por concluido el conflicto de atribuciones con el Congreso, sin elevarlo al Tribunal Constitucional.

El próximo jueves el pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobará dejar sin efecto el conflicto de atribuciones que planteó hace un mes al Congreso, y por tanto desistirá de elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

Fuentes de Génova atribuyen este movimiento al poco margen temporal que dejaba la aprobación de la ley de amnistía en la Cámara Baja, prevista el próximo 30 de mayo, y a la actuación del Congreso porque fue la Mesa de la Cámara Baja, y no el pleno, la institución que rechazó el requerimiento del Senado para retirar la ley de amnistía.

Acudir al Tribunal Constitucional en la fase de tramitación era una opción que generó desde el inicio dudas en el seno del PP por el riesgo que suponía para su estrategia la posibilidad de que este organismo se pronunciase de forma favorable a la normativa, como admitían fuentes de la formación.

El partido de Alberto Núñez Feijóo se enfoca ahora en el futuro recurso que con seguridad planteará ante el Tribunal Constitucional una vez que la ley sea aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, y aunque la decisión de presentar el recurso está tomada, el PP no deposita grandes esperanzas en el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido, que consideran de parte porque tiene mayoría progresista y porque entre sus miembros figuran un exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y una exasesora del Ejecutivo.

El PP tiene puesta su confianza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la espera de que un recurso del Tribunal Supremo paralice la aplicación de la ley de amnistía.