El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está día sí, día también, en el foco de la noticia por el daño reputacional que está ocasionando al cargo que ocupa.

Las polémicas en torno a su persona y el cargo que ocupa, mal que le pese a Pedro Sánchez son constantes. Una de ellas es la filtración del expediente fiscal abierto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que puede acabar suponiendo la imputación de la máxima autoridad del Ministerio Público.

Subraya la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, que el juez que investiga este caso quiere saber quién es el máximo responsable de que un asunto personal acabara en los medios. La capacidad de perplejidad, sorpresa y asombro está prácticamente perdida nos dicen en fuentes jurídicas. Estamos ante una situación de difícil comprensión y el caso no pinta bien, señalan, pero hay que esperar a que avance la investigación.

Públicamente, hace más o menos un mes, el fiscal general asumió la responsabilidad institucional de la nota de prensa sobre el caso del novio de Díaz Ayuso, pero eso no quiere decir que se haya declarado autor de un delito, aclaran, pero no descartan que el caso termine en el Tribunal Supremo.

Si el juez instructor considera oportuno tomarle declaración, Álvaro García Ortiz tendrá que responder ante el Supremo, tribunal ante el que es aforado el fiscal general.

Si llega a ser investigado, las fuentes consultadas por COPE señalan que lo lógico sería que se fuese, aunque nadie descartaría la llamada del presidente del Gobierno para que no lo hiciese.

Si se llegase a este escenario, al de un fiscal general investigado, las fuentes consultadas, especialmente las fiscales, se preguntan con qué autoridad va a dictar una circular a los fiscales para decir cómo se tiene que interpretar la legalidad gracias.