Verónica Guerrero, abogada: "Estoy harta de ganar esto en los juicios: las grabaciones, cuando tú eres parte de esa grabación, son lícitas aunque no haya conocimiento de la otra parte"

La abogada Verónica Guerrero ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez, la querella por una presunta agresión sexual que involucra a un alto cargo de la Policía Nacional. Guerrero ha sostenido que la víctima no necesita verbalizar su agravio, ya que este se evidencia desde el momento en que interpone una querella e invoca lesiones psíquicas, un delito independiente y de especial gravedad.

Según la experta, la lesión psíquica "es como el daño moral elevado a la máxima potencia". Por ello, considera que si el ministro Fernando Grande-Marlaska condiciona su dimisión a que la víctima se sienta agraviada, "debe dimitir ya, porque agraviada se siente y lo ha dejado clarísimo".

Para Guerrero, las palabras del ministro, al pedir a la víctima que se manifieste, pueden ser consideradas "una manera más de agraviar a la víctima". La letrada ha calificado la declaración de Marlaska como "vacía" y ha insistido en la responsabilidad institucional que, a su juicio, debería asumir por haber nombrado y mantenido en su puesto al acusado.

Una querella "seria y contundente"

La abogada ha destacado la solidez de la querella, que va más allá del testimonio de la víctima, el cual ya puede ser prueba de cargo suficiente. En este caso, ha explicado, el testimonio "está corroborado con datos periféricos", como son los informes médicos, las llamadas de teléfono, los mensajes y, de forma crucial, una presunta grabación del momento de los hechos.

Verónica Guerrero ha subrayado la gravedad de la acusación, ya que la querella invoca un agravante de abuso de superioridad. Esto situaría la petición de pena en un baremo de 8 a 10 años de prisión, en lugar de los 4 a 12 años habituales para la agresión sexual.

La validez de las grabaciones como prueba

Ante la existencia de audios, la abogada ha señalado que la defensa probablemente intentará anularlos, pero ha recordado que el Tribunal Supremo tiene jurisprudencia consolidada al respecto. "El tribunal supremo tiene dicho de antemano que las grabaciones, cuando tú eres parte de esa conversación o grabación, son lícitas", ha afirmado.

Ha explicado que, a diferencia de grabar una conversación ajena, registrar una en la que se participa es "completamente lícita" y puede ser aportada como prueba, incluso si la otra parte no lo sabe. Con una grabación que muestre la negativa de la víctima, la defensa lo tendría "muy complicado" para alegar consentimiento.

Posibles delitos de coacciones y obstrucción

La querella también menciona a un segundo mando, asesor del dimitido, que presuntamente intentó "comprar su voluntad" ofreciéndole un puesto a su elección para que no denunciara. Guerrero opina que, si se confirman los hechos, esta persona podría ser considerada coautor de un delito de coacciones.

Para ello, sería clave demostrar que conocía el hecho previo y actuó para evitar la denuncia. Finalmente, la experta ha añadido que estos actos podrían ser constitutivos también de un delito de obstrucción a la justicia, lo que "enfrenta al acusado a un procedimiento complicado".