Enrique García, portavoz de la OCU
Una nueva ley de atención al cliente entra en vigor para mejorar los derechos de los consumidores. La normativa prohíbe el uso de teléfonos internacionales para el spam y permite anular contratos celebrados mediante llamadas comerciales no deseadas, aunque su eliminación total no se consigue de inmediato. Establece un tiempo máximo de espera de tres minutos para ser atendido por una persona física en el 95% de las llamadas y obliga a auditorías bienales. Para interrupciones de servicios de interés general, la atención es en dos horas. El plazo para responder a reclamaciones se reduce a quince días. Las empresas deben notificar renovaciones automáticas de suscripciones con quince días de antelación, incluyendo cambios de precio. Los cambios se implementan progresivamente debido a un plazo de adaptación de doce meses para las empresas.
