Déjame que te hable del regalo navideño que prepara el Gobierno a base de enmiendas a la reforma del Código Penal con un claro interés político.

Y es que, este viernes, esa reforma del Código Penal se ha convertido en un cajón de sastre donde cabe de todo. En ese cajón ya estaba metida la derogación del delito de sedición, pero apretando un poco le han hecho hueco a Esquerra para que meta también una reforma al de malversación. Pretenden que las penas se rebajen para los que hayan cogido dinero público, pero que no se hayan enriquecido personalmente.

Por ejemplo, si saliese adelante, quien utilice ese dinero públicopara realizar un referéndum ilegal que rompa el Estado,ahora se enfrentaría a penas mucho más leves. Esto beneficia, sobre todo, al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que podría sortear la inhabilitación.

Aunque, también, puede beneficiar a otros condenados por malversación de cualquier partido si no se han enriquecido. Al final, que ese tipo de leyes a la carta las hagan los políticos no es que sea, precisamente, un ejemplo edificante.

Pero, apretando un poco más, en este cajón de sastre de la reforma del Código Penal, el Gobierno mete otra propuesta para despejarse el camino en el Tribunal Constitucional y conseguir una mayoría afín. Este tribunal tiene 12 miembros y ahora se tienen que nombrar cuatro, y dos los ha elegido el Gobierno. Son el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez. Más afines, imposible.

Pero, hay otros dos miembros que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial y, en este órgano, hay una fuerte división entre jueces conservadores y progresistas.¿Cuál es la jugada? Cambiar la ley.

El Gobierno pretende imponer un ultimátum. Un total de ocho días para que se propongan candidatos y se voten por mayoría simple. Pero lo llamativo es que, además, se amenaza a los jueces con responsabilidades penales si no cumplen estos plazos.

Y ya para rizar el rizo y asegurarse el nombramiento de sus miembros afines, del exministro y la exdirectora de Presidencia, el Gobierno eliminará la obligación de que reciban el visto bueno del propio Tribunal Constitucional. Es decir: nombro a quien quiero, como quiero y donde quiero. Así, desde luego, todo es mucho más fácil. Otra cosa es que el proceso sea más justo o más limpio.