El presentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, comenta la decisión de la juez Rodríguez Medel de archivar el caso de las manifestaciones del 8 de marzo.

El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco se libra, por el momento, de verse en el banquillo de los acusados. El también secretario de los socialistas madrileños era el centro de la investigación abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel para aclarar si hubo un delito de prevaricación. Es decir, si el delegado autorizó las marchas feministas del 8 de marzo a sabiendas de que suponían un riesgo para la salud de las miles de asistentes.

Antonio Herraiz comenta la decisión de la juez Rodríguez Medel

La magistrada archiva el caso de forma provisional porque no ve indicios de que eso fuera así. Es un auto extenso, motivado, que aplauden desde la izquierda los mismos que han estado cargando durante estos días contra la propia juez. Hoy es una gran juez, que ha realizado bien su trabajo, la misma que hace apenas unas horas era una magistrada tendenciosa. A nadie se le ha olvidado las maniobras de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que no declarara José Manuel Franco.

¿Qué argumentos emplea Carmen Rodríguez Medel para archivar la causa de forma provisional? La fundamental es que el delegado del Gobierno no recibió instrucciones sanitarias claras para prohibir esas manifestaciones. Que sus jefes en Moncloa y en el Ministerio de Sanidad no le advirtieron del supuesto peligro que suponía autorizar esas manifestaciones con la que teníamos encima. Aún así, señala al delegado del gobierno porque, leo textual, “no consta que Franco velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública”. Y concluye el delegado mantuvo una permanente inactividad jurídica en todo lo relativo a las manifestaciones.

La juez también mira más arriba. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque aunque no vea delito en la actuación del secretario de los socialistas madrileños,no cierra la puerta a que en otros escenarios la gestión de la crisis no haya tenido indicios delictivos. Eso no le correspondería juzgarlo a ella, a un juzgado de instrucción de Madrid. Serían instancias superiores las encargadas de determinar si se ha cometido prevaricación en las decisiones del Gobierno. Entrarían aforados y eso escapa de su competencia.

Enseguida ampliamos lo que dice ese auto en un viernes, uno más, en el que estamos pendientes de la decisión que toma el Ministerio de Sanidad sobre las peticiones de las comunidades autónomas para pasar de fase. Desde el lunes, salvo Barcelona, Lérida, Madrid, y las provincias de Castilla y León más próximas a esta comunidad, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, toda España estará en fase 3.