El Consejo de Ministros ha celebrado el último consejo antes de la disolución de las cortes. Dice el PSOE que desde hoy y hasta el día de las elecciones, vienen los viernes sociales. Es el eufemismo de los viernes electoralistas con los que tratarán de aprovechar su presencia en la Moncloa para sacar rédito electoral. Lo que menos les importa es quién lo va a pagar después. Que eres tú y yo. Sólo la equiparación de la baja de paternidad a la de maternidad tendrá un coste de 1.300 millones de euros. Para los que estén pensando tener hijos. El permiso de paternidad de 16 semanas será efectivo en 2021.

Hay un asunto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros que puede que te afecte. El alquiler se ha convertido en un problema en las grandes ciudades. Los precios se han disparado y los alquileres en el centro de Madrid o Barcelona han quedado reducidos a unos pocos privilegiados. Esta es una realidad. El Gobierno cree que va a poner fin a esta escalada creando un índice estatal de referencia sobre los precios. Y los arrendadores que lo respeten, tendrán una rebaja en el IBI o en el IRPF. Lo anunciaba la vicepresidenta Carmen Calvo: "Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones, fundamentalmente en el IBI, en las políticas tributarias locales, para poder promocionar a quienes las alquilan y que podamos disponer de suficiente oferta".

Ya veremos el efecto que tiene. Porque a pesar de este intento de control, el libre mercado terminará imponiéndose. Y suele pasar que cuando un Gobierno intercede, mete la mano, obtiene el efecto contrario. También, expertos inmobiliarios, advierten que abre la puerta a la economía sumergida.

Y atentos a esta noticia: En España hay cerca de 600.000 familias numerosas. Cuantos más hijos, más gastos, eso es una obviedad. Sin embargo, los beneficios que tienen son reducidos. Uno de ellos es el acceso al bono social. Por el hecho de ser familia numerosa tienes derecho a este bono que incluye un descuento en una parte del recibo de la luz que ronda el 25%. En algunos casos muy concretos, ya en función de la renta, puede alcanzar el 40%. El cambio normativo aplicado por el Gobierno obliga a todas las familias a volver a solicitarlo. Las trabas administrativas se han multiplicado, el papeleo también y eso está provocando que muchas familias desistan. También que se hayan denegado cerca de 300 solicitudes por falta de documentación. Fomentar la natalidad tiene que ser una prioridad. Y si se lo ponemos aún más difícil a los que más han contribuído a subir este índice, estaremos haciendo trampas al propio sistema de bienestar y a nuestro propio futuro.