Los hijos no son del Estado. Este ha sido uno de los argumentos que ha utilizado Casado para presentar una recurso de inconstitucionalidad antes del 30 de marzo.

El PP que no tuvo especial interés en los temas educativos en la época de Rajoy, ahora recurre al TC; una ley aprobada a prisa, con un solo voto de diferencia.

El recurso utiliza numerosos argumentos: El tratamiento de asignatura de Religión que prácticamente desaparece. El tratamiento de la educación especial, que bajo el calificativo de inclusivo impide también la libertad de elección de los padres.

Pero los dos argumentos fundamentales que utiliza el recurso es que la enseñanza concertada. La ruptura del equilibrio del art. 27 de la Constitución, porque solamente se habla de plazas públicas, ignorando que la red es mixta. La prohibición de financiación de la concertada, que impide la libertad de elección de un método pedagógico. El tratamiento discriminatorio del español respecto a las lenguas cooficiales (no solamente por eliminar lo de lengua vehicular, sino hablar de lengua propia aplicado solo a las lenguas cooficiales, como si el español no fuese propia).

Fernando de Haro: "Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos"

Lo cierto es que lo realmente llamativo -y de palmario atentado contra el sistema constitucional- es que en el proyecto original de la llamada Ley Celaá sí figuraba el carácter vehicular del castellano y de las lenguas cooficiales y ha sido por enmienda del grupo republicano -con clara intención soberanista- que se ha suprimido la mención.

En el 2019 el Tribunal Constitucional, en relación con la Ley de Educación Catalana, avaló la enseñanza del catalán siempre que se garantice el castellano, invalidando mucho de los artículos de dicho texto legislativo por ser manifiestamente inconstitucionales. Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y en particular el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.