El Partido Socialista y Unidas Podemos han pactado unas nuevas enmiendas a la seguridad ciudadana para modificar la denominada "Ley Mordaza" que el Gobierno de Mariano Rajoy publicó en el año 2015. Entre los diferentes cambios que promueve, destaca uno referente a las manifestaciones. Y es que, proteger a los propios manifestantes, se ha convertido en una premisa para el ejecutivo que comparten Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero que dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado está generando una situación de controversia altamente desagradable.

Entre las medidas más destacadas que se quieren aplicar, destacan decisiones como limitar el material antidisturbios, como por ejemplo pelotas de goma; la presunción de veracidad del agente, algo que generaría que fuera imprescindible una segunda versión de unos hechos para darlos veracidad; y por último, que los manifestantes puedan grabar en todo momento a los policías mientras llevan a cabo sus trabajos.

En Herrera en COPE, ha hablado esta mañana Pablo Pérez, miembro portavoz del sindicato policial JUPOL, dedicado a la defensa de los derechos de los diferentes cuerpos policiales de nuestro país. Valora esta modificación como una "protección al manifestante violento y agresivo" y al mismo tiempo, una desprotección al "principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad". Del mismo modo, desde el sindicato policial destacan que la medida "no protege al manifestante pacífico", incluso lega a desprotegerlo.

La modificación que aún no se ha aprobado, y por la que desde JUPOL, se van a "reunir con el resto de fuerzas para tratar de impedirlo", ya que "favorece al que es ilícito al que no quiere cumplir la legislación". Y es que ofrece unas posibilidades mucho más infinitas a todo ese conjunto de personas de no busca más que alterar el orden y generar el caos en las calles.

Uno de los puntos más polémicos es el referente a las grabaciones, "el hecho de que puedan grabarnos no solo nos pone en riesgo a nosotros, sino que también a nuestras familias". Y es que esas situaciones propician que se conozca la identidad de las personas que hay detrás de los uniformes de policía y la gente que los rodea.

Del mismo modo, la reducción de los tiempos de identificación de los infractores se reduce de seis horas hasta dos, "no es viable es un cachondeo". Esto último referido al hecho de que cuando pase ese tiempo, los cuerpos de seguridad deberán desplazar al detenido al lugar en el que se le procedió a hacer la detención.

Estos cambios en la legislación dicen desde la Policía que "quita el principio de autoridad" en los agentes y que al mismo modo "incita al manifestante a delinquir.