"A finales de 2025 había 23.000 viviendas a la venta con los okupas dentro y la ciudad española donde más se da este fenómeno es Girona; en la lista no está Madrid"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado cómo la obligación de negociar con los okupas está alargando los procesos de desahucio. Desde el pasado 3 de abril está en vigor la ley de eficiencia de la justicia, que obliga a los propietarios a intentar una negociación con el usurpador antes de acudir a los tribunales a través de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Según ha explicado García de la Granja, si el dueño no demuestra este intento de acuerdo, "el juez directamente inadmite la demanda". La experta ha lamentado las consecuencias de esta norma: "Y luego se extrañan de por qué no hay pisos en alquiler en España y de cómo es posible que la gente salga huyendo de ese mercado".

Un proceso cada vez más largo

Desde que el propietario plantea la negociación, existe un plazo de 30 días para que el okupa responda. Si no lo hace, se considera que el acuerdo se ha intentado y el dueño puede acudir a los tribunales. A este mes de espera se suman de media "entre los 8 y 10 meses que tardan los tribunales en sentenciar", un retraso que colapsa aún más los juzgados. Esta mediación obligatoria se aplica a todos los asuntos del ámbito civil, lo que ha provocado, según ha señalado García de la Granja, que la administración de justicia tenga "más trabajo para verificar que se han cumplido con todos los requisitos".

La venta 'con bicho', un fenómeno al alza

Aunque no existen datos oficiales, diferentes portales especializados estiman que a finales del año pasado había en España unas 23.000 viviendas ocupadas a la venta, lo que supone cerca del 3% del total de inmuebles en el mercado. Esta situación, como ha apuntado la periodista, "les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza la mitad del precio real de la vivienda", ya que después es el comprador quien debe asumir el proceso de desalojo.

Les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza la mitad del precio real de la vivienda"

Pilar García de la Granja

Periodista económica

Girona es la capital española más afectada por este fenómeno, con un 8,9% de las viviendas en venta anunciadas con "bicho dentro", en palabras de Jorge Bustos. Le siguen de cerca Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional se encuentran también Lleida, Huelva, Huesca, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, siendo llamativa la ausencia de Madrid en los primeros puestos de la lista.

Nuevo escenario para propietarios e inquilinos

El contexto para arrendadores y arrendatarios ha cambiado tras el rechazo del Congreso al decreto ‘ómnibus’, que ha supuesto el fin de la moratoria que impedía desahuciar por impago del alquiler a hogares vulnerables, una medida en vigor desde la pandemia de 2020. Esta anulación abre la puerta a que los propietarios puedan reclamar las rentas adeudadas y solicitar el levantamiento de la suspensión de los desahucios.

Los propietarios disponen de un plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para reclamar el dinero correspondiente a los alquileres impagados. La solicitud puede tramitarse a través de la página web de cada comunidad autónoma. La asociación Asval aconseja incluir pruebas que demuestren que la suspensión del desahucio se produjo bajo el amparo del Real Decreto-ley 11/2020 o sus prórrogas. La compensación solo puede solicitarse una vez transcurridos tres meses desde el auto de suspensión.

Para calcular la compensación, la Administración se guía por el precio medio del alquiler en la zona donde se ubica la vivienda, utilizando como referencia índices oficiales como el SEPARVI o informes de portales inmobiliarios. Además del alquiler, se suman los gastos de la vivienda que el propietario haya tenido que asumir durante el periodo de impago. Para los inquilinos, esta situación puede suponer un desafío, ya que las deudas podrían actualizarse al valor de mercado actual.

Paralelamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un nuevo real decreto ley para hacer frente a la crisis de la vivienda. La normativa se centrará en regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, dos modalidades en auge, con el objetivo de evitar que se utilicen para eludir las obligaciones de la Ley de Vivienda.

El plan del Ejecutivo también contempla una medida de estímulo para los arrendadores: una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos que decidan no subir el precio del alquiler a sus inquilinos. Con esta iniciativa, el Gobierno busca contener la escalada de precios en el mercado del alquiler tras el fin de las ayudas extraordinarias implementadas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.