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La desaparición del hotel abandonado de Añaza costará 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja para eliminar esta edificación de la costa del municipio

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La desaparición del edificio de Añaza costará 1,8 millones de euros, según un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para averiguar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos, para hacer desaparecer esta edificación del paisaje de la ciudad.

La primera teniente de alcalde, Zaida González, acompañada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejal del Distrito Suroeste, Gladis de León, visitó hoy martes el edificio abandonado en estructura en la urbanización Acorán, donde anunció que el Ayuntamiento "avanza con paso firme para hacer desaparecer esta edificación".

Durante la visita, que contó con la presencia de técnicos de las áreas de Urbanismo y de Servicios Públicos, Zaida González indicó que vienen trabajando "con prudencia" desde hace meses para encontrar una solución definitiva en dos direcciones: por un lado, garantizar la seguridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior, y por otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta a este edificio en "un recuerdo del pasado".

La primera teniente de alcalde recordó que esta edificación se inició en 1973, hace 45 años, cuando una promotora privada solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras para construir un hotel de 741 apartamentos, licencia que fue concedida entonces de acuerdo a la legalidad vigente de aquella época y en el marco de los planes especiales de Interés turístico.

"Sin embargo, los promotores abandonaron el proyecto en 1975, dejando un edificio en estructura como hoy lo conocemos: un edificio con planta en forma de Y griega, con 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados", detalló la edil.

González reconoció que desde entonces, hace 42 años, la edificación se encuentra paralizada y en este tiempo las diferentes administraciones municipales han tratado sin éxito de localizar a los que construyeron y abandonaron este edificio.

Aseguró que desde el Ayuntamiento no pueden cruzarse de brazos y seguir esperando 42 años más, máxime cuando el edificio "se ha convertido en un peligro evidente, especialmente para las personas que acceden irresponsablemente a su interior".

MEDIDAS

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, detalló las dos líneas de actuación que sigue el Ayuntamiento, encaminadas a garantizar la seguridad, mediante la instalación de una red perimetral completa de 4 metros de altura, que impedirá el acceso al edificio; debidamente señalizada con advertencias de prohibición situadas cada diez metros en todo el perímetro. El coste estimado es de 109.450 euros y se ejecutará en el plazo de un mes aproximadamente.

En segundo lugar, Carlos Tarife mencionó que ya en 1998 el Tribunal Superior de Justicia decretó que el edificio invade una zona de servidumbre marítimo-terrestre y que por tanto debe ser demolido.
"Por nuestra parte, en otoño pasado, abrimos un informe sobre el estado del edificio, que debidamente ajustado a la legislación de aplicación, devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día", indicó.

Con el fin de viabilizar la demolición a corto y medio plazo, el concejal anunció que han iniciado reuniones con la Agencia de Protección del Medio Urbano, y también lo harán con la Dirección General de Costas (ya que 145 metros cuadrados del edificio son suelo rústico de protección costera), para alcanzar un acuerdo entre todas las administraciones que permita hacer efectivo el procedimiento de demolición con pleno entendimiento de todos.

Los tres ediles coincidieron en que es deseo del Ayuntamiento que se pueda alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad en el terreno económico, de manera que el peso de la demolición no recaiga exclusivamente en el Consistorio, que no es propietario ni de la parcela ni del edificio, y que se hace cargo de esta actuación de forma subsidiaria mientras los propietarios permanezcan en paradero desconocido.

Zaida González aclaró que es prematuro hablar de plazos o de cantidades. "Estamos avanzado en la buena dirección para que este edificio desaparezca para siempre. Hemos esperado 42 años y no sé si aún tendremos que esperar 2 ó 3 años más, pero de lo que estoy convencida es de que el mamotreto de Añaza tiene los días contados", dijo.

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