Esto no va del Procés. O sí, quien sabe. Pero no es la intención. La cuestión es recaudar y en el idioma que sea. En este caso en catalán. Una conductora de Galicia fue sancionada con 60 euros de multa en Barcelona por aparcar su coche en una zona de carga y descarga para vehículos comerciales. Una infracción leve de aparcamiento. Era julio de 2016. La conductora recurrió ante el Ayuntamiento de Barcelona. Su recurso se basó en que la señalización vial estaba rotulada exclusivamente en catalán. El castellano no existía en la señal y eso le generó indefensión. Ahora, un juzgado de lo Contencioso de Barcelona da la razón a la conductora y anula la multa.

Para el Ayuntamiento de Ada Colau la señalización es universal, incluye pictogramas y estaba reforzada por la señalización horizontal, habitual en las zonas de carga y descarga. Y este tipo de señalización está permitida por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero la juez de Barcelona se refiere al Reglamento General de Circulación, en el que se basa la conductora, y destaca que “las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas o inscripciones figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma”. Y aquí sólo existe el catalán.

El Ayuntamiento barcelonés incumple la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, que ordenan que todas las señales de tráfico deben estar, al menos, en castellano. Y la exclusión del castellano en la señalización viaria es contraria a la ley. ¿Es tan difícil aceptar y cumplir la ley o esto es otra cosa?