Dos magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra (Raquel Ferrandino y Ricardo González) han decidido poner en libertad bajo fianza de 6.000 euros a cada uno de los cinco integrantes de La Manada a los que otros dos magistrados de esa misma sección (Francisco Jose Cobo y Raquel Ferrandino) condenaron hace dos meses por un delito de acoso sexual con prevalencia. Si a la hora de condenarlos uno de los tres jueces del tribunal sentenciador, Ricardo González, redactó un contundente voto particular eximiéndolos de cualquier responsabilidad, para su puesta en libertad provisional ha sido otro magistrado, el presidente de la Sala, Cobo, quien se ha opuesto a la decisión de sus compañeros. La Audiencia de Navarra vuelve a partirse en dos.

La penúltima decisión de los jueces en torno a estos cinco sevillanos condenados por los delitos presuntamente perpetrados sobre una chica madrileña en los Sanfermines de 2016 vuelve a encender la polémica. La forma en la que se ha hecho pública la resolución judicial, que aún no ha sido comunicada a los procuradores de las partes, lleva a asegurar a las acusaciones que “en la Audiencia de Navarra hay un problema con las filtraciones”. Recuerdan cómo un desliz en los programas informáticos facilitó que algunos intrusos accedieran al perfil de la víctima, publicando datos reservados de esta joven en determinados foros de Internet. Desde el Tribunal Superior de Justicia se asegura que será este viernes cuando se notifique el auto judicial.

“Si la Manada sale, nosotras tomaremos las calles”

El caso de La Manada demuestra una vez más que este asunto ha abandonado definitivamente el terreno del debate jurídico para convertirse en un mero símbolo de la lucha política y social frente a comportamientos repudiables. Antes de conocerse los razonamientos de los jueces para adoptar la decisión anunciada, distintos movimientos, partidos políticos o asociaciones han manifestado su oposición o apoyo a la medida. Desde el movimiento feminista anunciaron que “si la Manada sale, nosotras tomaremos las calles”, y así lo han hecho durante toda la tarde de este jueves.

La decisión de la Audiencia Provincial, que impone a los cinco condenados la obligatoriedad de comparecer tres días a la semana ante un órgano judicial, la prohibición de trasladarse a la Comunidad de Madrid (donde reside la víctima), la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de territorio nacional, tiene en cuenta que la pena impuesta por esa misma Sala (recurrida actualmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra) se ha visto reducida de 22 años de prisión que pedía la Fiscalía a los 9 que recoge la condena. Se valora además que ya han cumplido dos años de esa pena y que estamos, en principio, ante delitos de acoso y no de agresión sexual, como solicitan las acusaciones y el ministerio público.

La fianza de 6.000 euros viene a coincidir con la cantidad que planteaba el abogado de la defensa de cuatro de ellos, Agustín Martínez Becerra. El letrado vuelve a salirse con la suya. Tras la vistilla del pasado lunes ya anunció que no hacia hincapié en la petición de traslado de sus clientes a prisiones de Sevilla porque serían ellos los que volverían por su propio pié. El auto de la Sala da la razón a Martínez Becerra. No obstante ahora se está pendiente de la resoluciòn de los recursos planteados ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

“Una preocupación más para la víctima”

La decisión ha sorprendido especialmente en la defensa de la joven madrileña. “Por el tiempo transcurrido para anunciar esta resolución -la vistilla se celebró e lunes- pensábamos que sería favorable a mantenerlos en prisión”. Así nos lo dice el abogado Miguel Ángel Morán, aunque esperar a conocer el auto para pronunciarse sobre el mismo. A su entender la condena de 9 años “sigue siendo grave” para ponerlos ahora en libertad.

Dice el letrado madrileño que “para la víctima esta noticia es una preocupación más”. Ahora “habrá que estar pendiente”. Los cinco de La Manada podrían quedar en libertad en cuestión de horas tras el pago de las fianzas impuestas. Puede ser una decisión inminente.