El plazo de ejecucion del derribo será de seis meses y el coste de la actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona, donde se habían proyectado un total de 400 casas, será de 3,7 millones de euros, la mayoría para la restauración del medio. Si todo sigue el calendario estipulado, el derribo de las viviendas se acometerá a finales de julio o principios de agosto. Respecto a las viviendas pendientes de Escalante y Argoños, la vicepresidenta regional, Eva Diaz Tezanos, ha puntualizado que siguen trabajando en ello, Asegura que están hablando con los ayuntamientos y también con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para dar la mejor solución a los afectados.