El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de mañana ante la nueva negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a excarcelar a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, para su investidura como presidente de la Generalitat, por lo que prevé querellarse contra el juez.

Llarena se ha opuesto a excarcelar al numero dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.

Esta circunstancia ha llevado a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sànchez, pues el exlíder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión en una primera ocasión.

El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sànchez como como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del exlíder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que no ha servido para variar la posición del juez instructor.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros, aún no se pronunciado sobre el fondo de la cuestión, si bien dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran "las medidas necesarias" para garantizar "que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

Para Llarena, "ese llamamiento a que las actuaciones estatales contemplen la relevancia del derecho mientras se esclarece la queja, no supone que el Comité (De Derechos Humanos) haga una indicación concreta, la cual, en todo caso, nunca puede ser vinculante para el tribunal".

Pero para Torrent la decisión del Supremo es una "vulneración de derechos", a la que quiere dar respuesta a través de una querella contra Llarena por prevaricación, propuesta que planteará mañana en una reunión extraordinaria de la Mesa.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha valorado sobre la decisión de Llarena que hay que respetarla y acatarla porque, según ha explicado, se ha llevado a cabo "con todas las garantías".

El portavoz de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ve "increíble" que Torrent plantee querellarse contra Llarena y ha advertido de que no permitirán que se gaste "ni un euro de dinero público" en ello.

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha tildado de "una ocurrencia más" la propuesta de Torrent y ha señalado en tono irónico en Twitter: "Que siga el espectáculo".

Desde la prisión de Soto del Real (Madrid), Sànchez, también a través de Twitter, se ha preguntado de forma irónica si los catalanes "delinquieron" el 21D al ir a votar.

JxCat, por boca de los diputados Elsa Artadi y Josep Costa, ha calificado de "golpe de Estado togado" la decisión de Llarena, al que ha comparado con Antonio Tejero en el 23F aunque, según ellos, "han cambiado al ejército por los jueces".

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha denunciado lo que considera una "injerencia" del Supremo "en la soberanía del Parlament", si bien en un tono más moderado ha reclamado "una investidura efectiva".

De manera que los republicanos no comparten la posición de la CUP, que ha insistido hoy en que hay que investir Puigdemont, lo que JxCat no descarta.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha dicho que el expresidente catalán "siempre" es candidato aunque ha recordado que las siguientes "decisiones" se tomarán en una próxima reunión del grupo parlamentario en Berlín, cuando queda poco más de un mes para que el 22 de mayo expire el plazo para investir un presidente, que de no producirse desembocaría en unas nuevas elecciones catalanas.

Desde Alemania y a través de Twitter, Puigdemont, que ha recibido la visita de su predecesor Artur Mas, ha acusado al juez Llarena de "no respetar" a las Naciones Unidas y de causar "un daño inmenso a la democracia".