La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) critica la doble moral que considera que muestra el Gobierno al vetar la reforma de la ley propuesta por el PSOE y negar, de esta manera, sus derechos a los familiares de los desaparecidos por la represión franquista.

En una nota de prensa, reprocha que mientras tanto se facilitan estos derechos a los muertos de la División Azul "que formaron parte del Ejército nazi", ya que existe una oficina, creada en 1994 bajo el Gobierno de Felipe González, para atender a los familiares de los divisionarios y colaborar en la repatriación de los cadáveres.

El Gobierno comunicó ayer su oposición a la tramitación parlamentaria de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica, ya que el coste económico de la propuesta podría alcanzar los 214 millones de euros, en gran medida por la creación de un Banco Nacional de ADN para la identificación de víctimas.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, asegura que se trata de un "acto de crueldad" hacia las familias de los desaparecidos del franquismo, y una forma de maltrato por discriminar a las víctimas de hechos violentos, según señalan numerosos organismos internacionales de derechos humanos.

"Tener un presidente que ironiza con que le hayan quitado una calle a un criminal de guerra o que su portavoz en el Congreso trate de humillar a personas que tienen un padre desaparecido diciendo que sólo se han acordado de él cuando hay dinero" es para Silva un síntoma de que el PP está lejos de la verdadera defensa de la democracia y los derechos humanos.

Silva afirma que es "una vergüenza" que en más de cuarenta años de democracia los familiares de las personas desaparecidas por la represión de la dictadura nunca hayan tenido una oficina en la que reclamar ayuda y que el Estado no se haya puesto a buscar a sus seres queridos.

Por eso concluye que la democracia española tiene una enorme deuda pendiente, ya que jamás un presidente del Gobierno en democracia ha reconocido "pública y notoriamente" a las víctimas de la dictadura y España sigue siendo "un país subdesarrollado en materia de derechos humanos".