La periodista Marisa Gallero, autora de numerosos artículos de investigación sobre el caso Acuamed y las desalinizadoras promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado hoy a la Comisión de Partidos del Senado el alcance del asunto y su coste millonario para las arcas públicas.

Convocada por el PP ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos de la Cámara Alta, Gallero ha detallado aspectos del sumario abierto en la Audiencia Nacional, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de sus propias pesquisas sobre este escándalo.

Esta redactora del diario ABC dice haber constatado el gasto "desproporcionado" en campañas publicitarias de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en 2007 y 2008, al pasar de 200.000 euros anuales a 11,2 millones de euros en sólo dos años.

También ha explicado que un informe de la UCO incorporado al sumario instruido por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional revela que varias empresas constructoras donaron "voluntariamente", mediante "mordidas", otros 7,2 millones de euros a Acuamed.

Como no hubo contrato que justificara las donaciones, el portavoz del grupo popular, Luis Aznar, ha considerado cuanto menos "extraño" que compañías privadas donen millones de forma altruista a una empresa pública.

En suma, la UCO reseñó 18,5 millones de euros destinados a las campañas de publicidad, entre aportaciones públicas y privadas, en favor de unas plantas desaladoras que ni siquiera se habían construido.

El PP ha citado a Gallero en el marco de las indagaciones que realiza desde el Senado sobre la supuesta trama de financiación ilegal del PSPV de 2007 a 2011, en la cual figuran empresas relacionadas a su vez con el caso Acuamed y con los contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

La redactora de ABC ha citado el nombre de Joan Navarro, que era director de Relaciones Institucionales de Acuamed, porque justificó el gasto millonario en publicidad debido al "inmenso lío político" que había en torno a las desalinizadoras que sustituirían el Trasvase del Ebro.

También ha mostrado un correo electrónico con copia a este cargo que según ella confirma un plan de trabajo "perfectamente organizado" con pagos del 1 por ciento a cargo del llamado "club de las desaladoras", es decir, las constructoras que después obtendrían los contratos para su construcción.

Una de ellas, Acciona, pidió después a Medio Ambiente que le devolviera los 1,7 millones de euros que había pagado aparentemente de manera voluntaria, reclamación investigada judicialmente.

Marisa Gallero ha apuntado además el "despilfarro" que supuso el plan de desaladoras, que según el Tribunal de Cuentas tuvo un sobrecoste de 215 millones de euros, y ha explicado que hay cuatro sin funcionar, una desmantelada y tres más que no han entrado en servicio porque los ayuntamientos no pueden pagar su amortización.

Si estas plantas no entran en funcionamiento en marzo de 2019, España tendrá que devolver a la UE los 35 millones de euros que recibió para su puesta en marcha, ha advertido.

Con toda esta información, el senador Luis Aznar ha puesto énfasis en cómo el ministerio de Cristina Narbona dio un salto en gastos de publicidad hasta alcanzar 18,5 millones de euros en dos años con procesos electorales y ha subrayado el "despilfarro" que supuso en época de crisis los sobrecostes de 215 millones de euros para desalinizadoras que ni siquiera funcionan hoy día.

Por ello, ha anunciado que el PP seguirá indagando y de hecho convocará próximamente a la exministra Narbona, así como a Joan Navarro y otros ex altos cargos, en relación con los gastos en publicidad y los contratos con empresas como la valenciana Crespo Gomar, a la que un juzgado de Valencia sitúa en el centro de la trama de financiación ilegal del PSPV.