El Gobierno de Estados Unidos mantiene aun bajo su custodia a 565 niños indocumentados separados de sus padres en la frontera, 24 de ellos menores de cinco años,  según ha revelado un informe entregado en una corte federal de San Diego (California).

Ese más de medio centenar de menores indocumentados bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) fueron parte de más 2.600 niños separados de sus progenitores en la frontera con México, como resultado de la política estadounidense de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, y sobre los que el juez federal Dana Sabraw ordenó en junio pasado sean devueltos a sus padres.

Según los abogados del Gobierno de Estados Unidos, algunos de esos 565 niños no han podido ser reunidos con sus padres porque la información sobre ellos no se ha actualizado o porque sus padres representan un riesgo para su bienestar. De los 565 menores que continúan bajo cuidado del Gobierno, 24 son menores de cinco años, tal como consta en el informe de hoy y en el que por primera vez se incluye una relación de los niños mayores y menores de esa edad.

En un grupo de 366 niños, seis de ellos menores de cinco años, sus padres ya han sido deportados del país por lo que los menores serán trasladados ahí o se designaría a un tutor o familiar en Estados Unidos para que se haga responsable de ellos. Esta propuesta de reunificación todavía requiere aprobación de Sabraw, luego de que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpusieron una demanda colectiva contra la Administración de Donald Trump por la separación de familias indocumentadas, solicitaron de que se conceda el regreso a Estados Unidos de algunos de esos padres.

De acuerdo a ACLU, el plan presentado la semana pasada por el Gobierno de "no habla o resuelve sobre el derecho de los padres deportados a ser reunificados con sus hijos en Estados Unidos". Agrega la organización que dicho plan, presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el de Seguridad Nacional (DHS), Estado (DOS) y Justicia (DOJ), asume que todos los reencuentros deben realizarse en el país de origen de los involucrados. "En algunos casos, los padres deportados pudieron no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que el hacerlo podría demorar o evitar la reunificación", señalan los abogados de ACLU en una notificación presentada hoy a la corte.

El gobierno de Estados Unidos indicó en su informe que 154 padres -muchos de éstos ya deportados- se negaron a hacer valer su derecho de reunificación. ACLU, por contra, alude a 73 padres cuyos hijos estaban bajo custodia de la ORR y que fueron deportados después del 26 de junio, cuando Sabraw ordenó y dio plazos para la reunificación de las familias separadas en la frontera, plazos que no fueron cumplidos en su totalidad por el Gobierno.

De ese grupo, 31 fueron repatriados incluso hasta una semana después del mandato de la corte, de acuerdo a documentos entregados por la Administración federal a la organización de defensa de derechos civiles. El Gobierno argumenta que el mandato judicial no obliga que los beneficiados de la demanda colectiva vuelvan a Estados Unidos, y se mantiene en que en el caso de los padres deportados la reunificaciones deben ser en el país de origen.

La pasada semana, Sabraw dio luz verde a la propuesta del Gobierno de Donald Trump para reunir a estas familias, que se basa en cinco pasos: identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del padre con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor y, finalmente, transportar al niño al país donde se encuentra el padre o madre.