Una juez de Barcelona ha dejado a las puertas de juicio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para el 1-O por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones, aunque ha descartado que cometieran malversación de caudales públicos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha dictado un auto en que da por cerrada la investigación sobre los cinco síndicos y ha emplazado a las partes a presentar sus escritos de acusación, al apreciar indicios suficientes para enviarlos a juicio.

La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones.

El ministerio público acusaba en su querella a los miembros de la Sindicatura, a los que el Parlament otorgó funciones análogas a una Junta Electoral, de los delitos de usurpación de funciones, desobediencia y malversación de caudales, pero la juez, en virtud de un informe de la Guardia Civil, ha descartado que gastaran fondos públicos en los escasos días en que desempeñaron su cargo.

De hecho, la magistrada ordenó a la Guardia Civil que investigara si se pagaron con fondos públicos los desplazamientos de los síndicos a una reunión a la que acudieron en el Parlament para darles directrices sobre sus funciones -lo que fue corroborado por los letrados de la cámara en su declaración como testigos-, en algunos casos desde fuera de Barcelona.

En un oficio remitido a la juez el pasado 9 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil concluye que en las investigaciones llevadas a cabo por el instituto armado "no se ha detectado presupuesto alguno ni gastos efectuados por la sindicatura electoral".

La Fiscalía, que ahora deberá presentar un escrito ante la juez con las penas que solicite para los cinco investigados, los acusa en su querella de un delito de desobediencia por haber aprobado un acuerdo para nombrar a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, cuando el 1-O había sido ya suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según el ministerio público, los síndicos publicaron en la web del referéndum ese acuerdo y otro que regulaba el proceso de acreditación para las organizaciones interesadas en participar en el referéndum del 1-O.

En su declaración como investigados ante la juez, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral se acogieron a su derecho a no contestar a la Fiscalía y, a preguntas de su defensa, alegaron que disolvieron el órgano en cuanto el Tribunal Constitucional acordó sancionarles si no cesaban en sus funciones.