Las defensas de varios cargos del Govern investigados por los preparativos del 1-O han planteado la recusación de la secretaria del juzgado que instruye la causa del referéndum al cuestionar su imparcialidad por la ideología "patriota españolista" que muestra en internet.

Los abogados han presentado un escrito ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que instan un incidente de recusación para que se aparte a la secretaria judicial de la causa sobre los preparativos del 1-O.

La secretaria, a quien el juez del Supremo Pablo Llarena ha permitido declarar como testigo protegido, asistió al registro de la Guardia Civil en el Departamento de Economía del pasado 20 de septiembre, ordenado por el juez del 1-O, y abandonó el edificio por la azotea, ante la cantidad de manifestantes que se agolpaban a las puertas del inmueble.

Las defensas consideran que la imparcialidad de la letrada de la administración de justicia "ha quedado afectada y solo su abstención o recusación puede garantizar un proceso con todas las garantías".

En sus escritos, los abogados se remiten a las informaciones periodísticas que revelan que la letrada de la administración de justicia es seguidora de varias páginas de Facebook de "ideología ultra" que podrían cuestionar su imparcialidad, según avanza el periódico El PuntAvui.

Concretamente, las defensas aseguran que la secretaria sigue a perfiles como Unidad Nacional Española, Leridanos contra la independencia o Ciudadanos, "con una clara línea en contra del independentismo y el nacionalismo catalán".

"La información que consta en la red social de la letrada de la administración de justicia es de un alto contenido ideológico patriótico españolista, que pone de manifiesto su falta de independencia", sostiene el escrito presentado por Ramon Setó, abogado de la técnica del Departamento de Presidencia investigada Mercè Martínez.

Según el abogado, no se puede "tratar ese tema en el ámbito de la libertad de expresión", porque este derecho tiene como límite, a su parecer, la afectación a la imparcialidad del letrado de la administración de justicia.