(Actualiza la EC3918 con declaraciones de UGT)

La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tomado hoy conocimiento del acuerdo para la mejora de las condiciones salariales y de trabajo de los empleados públicos alcanzado la pasada semana.

Hacienda ha explicado en un comunicado que forman parte de la Mesa, además de la representación del Estado, las organizaciones sindicales -CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA-, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La pasada semana, Hacienda y los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) alcanzaron un acuerdo de subida salarial para los empleados públicos que podría alcanzar el 8,79 % de manera acumulada entre este año y 2020.

La parte fija del incremento salarial será del 1,75 % este año, del 2,25 % en 2019 y del 2 % en 2020, lo que supone una subida nominal del 6 % que está garantizada.

A ello se suma la parte variable ligada al PIB, que será de un 0,25 % adicional para 2019 y del 1 % para 2020 siempre que el crecimiento de la economía sea igual o superior al 2,5 %. En 2020, se añade un 0,55 % adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público.

Asimismo, dentro de la parte variable el acuerdo prevé fondos adicionales equivalentes a 800 millones de euros para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones, que permitirán añadir subidas del 0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,3 % en 2020.

CCOO ha subrayado tras la firma que este acuerdo marca el inicio de la recuperación de los derechos de los empleados públicos, al tiempo que ha apuntado que exigirán la devolución de todo lo perdido con la crisis.

UGT ha considerado que el acuerdo reconoce el compromiso de los servidores públicos durante los años "incertidumbre, presión y precariedad" de la crisis y obliga a las administraciones a seguir desarrollándolo.

Por su parte, CSIF ha reclamado la convocatoria de las mesas de negociación de las diferentes administraciones para abordar la implantación de la jornada de 35 horas, la oferta de empleo público de los próximos años o la regulación de una bolsa de horas.

La Mesa también ha ratificado el último acuerdo de la Comisión General de Formación del Empleo en la Administración, que refuerza el papel de los sindicatos para identificar las necesidades formativas.