La intervención del Príncipe Felipe en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces es la mejor respuesta a quienes se preguntan, con una u otra intención, sobre el criterio de la Corona ante la imputación de la Infanta Cristina por el juez instructor del caso Nóos, José Castro.   Esta intervención se ha convertido en un dique frente a  especulaciones y conjeturas sobre cuál es la actitudla Casa Real, al tiempo que coloca la investigación en donde debe estar: en el cumplimiento estricto de la legalidad, de la aplicación de los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, y en el rigor técnico a la hora de investigar si se confirma la imputación o hay que rechazarla. El criterio que ha asentado el heredero de la Corona es la meticulosa defensa de la Constitución, de la independencia del Poder judicial y de los principios sobre los que se funda el Estado de Derecho. El hecho de que el Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, haya recordado que la justicia es la clave de bóveda del Estado de Derecho, y haya insistido en la trascendencia del ejercicio de la función jurisdiccional no puede caer en saco roto. Se trata de un ejercicio regido por la prudencia y la fortaleza. La sólida intervención de don Felipe refleja la continuidad de la Corona como referente moral y como punto firme dentro del equilibrio institucional. En tiempos de confusión y agitación inducida, es un referente más necesario que nunca.