Los negocios de la provincia afectados por el fin de la renta antigua que comenzaron a negociar un nuevo alquiler a partir del mes de enero, en la inmensa mayoría de los casos no han alcanzado un acuerdo con el propietario del local y han tenido que abandonar ese emplazamiento.  Solo en la capital, se calcula que entre 15.000 y 20.000 contratos de establecimientos comerciales se han visto afectados por el fin de la renta antigua, contratos que dejaron de estar en vigor el 1 de enero, tras un período de 20 años para ir actualizando precios. La Plataforma de Afectados por la Extinción de la Renta Antigua calcula que la mitad de los negocios no han conseguido un acuerdo.  En unos casos porque, a pesar de la disposición del dueño del local de subir el alquiler por debajo de lo que está marcando el mercado en su zona, el comerciante no podía hacer frente a ningún aumento. Es el caso real de un negocio que estaba pagando 900 euros al mes, en una zona donde hoy se alcanzan los 3.000; el dueño estaba dispuesto a cobrarle 1.500 euros, pero el comerciante no podía pagar esa renta por la delicada situación económica de su negocio.  Por otro lado, están los propietarios de locales que solo aceptaban un alquiler adaptado al mercado actual, que esperaban el desembarco de nuevos negocios y que ahora se han encontrado con el local vacío. Por otro lado están los comerciantes que comenzaron a negociar nuevos alquileres antes del 31 de diciembre de 2014. Ellos, en la mayoría de los casos sí han conseguido el acuerdo (con un aumento del alquiler más o menos elevado, según el caso). Según el abogado Javier Gutiérrez, la clave está en que negociaron nuevas condiciones con el contrato todavía en vigor.