Si funciona, no tiene ningún sentido cambiar el sistema. Los jueces no ven bien que la Fiscalía dirija la instrucción penal, y menos con una Fiscal General que llegó directamente del Ministerio de Justicia con el PSOE. Con los jueces de instrucción al frente de la investigación se han conseguido y se consiguen resultados, dice a COPE Manuel Almenar, Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Se trabaja con independencia y se ha investigado y se ha sentado en el banquillo a exministros, presidentes autonómicos, banqueros, incluso personas próximas a la Casa Real. Y todo ello con independencia de cualquier ideología. Con profesionalidad”, asegura.

El nombre de Dolores Delgado es una gran preocupación para jueces y fiscales porque politiza la imagen de una institución como el Ministerio Público. Es necesario cambiar el Estatuto Fiscal para garantizar la independencia, porque si no “es una bomba en la línea de flotación de la credibilidad de la Justicia”, nos dice Manuel Almenar, salvo, añade, que lo que se pretenda sea responder a la pregunta de Pedro Sánchez, aquella sobre “de quién dependen los fiscales”.

En la misma línea se muestra Jorge Fernández Vaquero, Presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Considera necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) porque se queda antigua y en muchos casos no es útil, “pero no de cualquier manera ni a cualquier precio”. No le parece bien que la investigación la dirija la Fiscalía sin abordar la reforma de sus estatutos, sin reforzar la garantía de imparcialidad. Y le parece una “mala idea plantear este cambio en este momento cuando la imagen de imparcialidad de la Fiscalía está deteriorada por el nombramiento de Dolores Delgado, con vinculaciones políticas muy marcadas”. Fernández Vaquero pide que se tome nota de los problemas que han surgido en otros países de la UE por falta de apariencia de imparcialidad con el sistema que quiere implantar el PSOE.

Esa independencia preocupa mucho a los propios fiscales. Cristina Dexeus, Presidenta de la Asociación de Fiscales, manifiesta a COPE que es necesario garantizar la imparcialidad y neutralidad del Fiscal General y dela institución. Necesita “un blindaje de cualquier injerencia política, que no haya ninguna sombra de duda que pueda afectar a los miembros de la carrera fiscal en su trabajo diario”.

Dexeus defiende que el mandato del FGE tenga un plazo superior al del Gobierno que propone su nombramiento, un plazo de cinco años, y que no tenga que cesar al mismo tiempo que el Ejecutivo. Considera imprescindible que el Consejo Fiscal, el órgano de representación de los fiscales ante el FGE, tenga mayor peso en las decisiones más relevantes que tenga que tomar el Fiscal General, como es el caso de los nombramientos. Y también que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria y que no dependan tanto del Ministerio de Justicia para la formación.

A jueces y fiscales les preocupa el impacto económico de la reforma en plena pandemia y crisis económica. Se preguntan si es razonable pensar en un incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal. Este año no se han convocado oposiciones y las previstas para el año próximo son 240 entre jueces y fiscales. En 2022 se harán efectivas las de los fiscales y en 2024 las de los jueces.