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DISCAPACIDAD

El PP solicita al Gobierno de España “suprimir barreras” que dificultan el acceso a la Justicia

Sonia Ruiz: “Se ha de garantizar el derecho a la igual capacidad jurídica reformando las leyes judiciales y procesales y dotando a la Administración de Justicia de los necesarios"

“Es imprescindible facilitar la elección del método de comunicación en las interacciones judiciales, lo que comprende la lengua de signos, el braille, la lectura fácil o los subtítulos”, ha señalado la diputada

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Sonia Ruiz: “Se ha de garantizar el derecho a la igual capacidad jurídica reformando las leyes judiciales y procesales y dotando a la Administración de Justicia de los necesarios medios y recursos”

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:35

El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España “poner en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad” y “suprimir las barreras que padecen en sus relaciones con la Administración de Justicia”.

Sonia Ruiz, promotora de la iniciativa, ha afirmado que “se ha de garantizar el derecho a la igual capacidad jurídica reformando las leyes judiciales y procesales y dotando a la Administración de Justicia de los necesarios medios y recursos para hacer frente a unos ajustes que resultan imperiosos”.

A ese respecto, la diputada “popular” ha recordado que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 12 que ninguna persona puede ver menoscabados sus derechos a la igual capacidad jurídica por razón de discapacidad”, y ha señalado que “el igual reconocimiento ante la ley es esencial en el contexto de los derechos humanos”.

“El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidades, CERMI, designado oficialmente por el Estado español como un mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, ha señalado a Naciones Unidas que España aún no ha establecido con carácter general y sistemático los ajustes de procedimiento que permitan a las personas con discapacidad el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad y sin exclusiones”, ha destacado Ruiz.

“Es necesaria la realización de ajustes de procedimiento adecuados al sexo y la edad, acometer reformas de alcance en los sistemas, dispositivos y cauces jurisdiccionales y establecer las salvaguardas oportunas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones con las demás”, ha dicho la parlamentaria autonómica, que al hilo ha resaltado que “es imprescindible facilitar la elección del método de comunicación en las interacciones judiciales, lo que comprende la lengua de signos, el braille, la lectura fácil, los subtítulos, los dispositivos aumentativos y alternativos y todos los demás medios, modos y formatos de comunicación accesibles”.

Ruiz se ha referido a un reciente informe de Plena Inclusión, federación de organizaciones de atención y defensa de las personas con discapacidad, para afirmar que “resulta alarmante que en casi el 70% de los procedimientos judiciales no se tenga en cuenta la discapacidad del reo, y que el sistema judicial solo detecte el 3,3% de los casos de discapacidad mental”. También ha lamentado la diputada regional que “en el 90,2% de los procesos se impone a la persona con discapacidad intelectual una pena privativa de libertad, que únicamente se sustituyó o suspendió en el 3,4% de los casos, pese a que la condena penal o la privación de libertad debería ser el último recurso”.

“Son datos que demuestran que en los procesos judiciales existe una alta probabilidad de que se vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, debido a las dificultades de comprensión y comunicación y para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa”, ha señalado Sonia Ruiz, que ha concluido que “es hora de que el Gobierno de Sánchez se ponga manos a la obra y remueva obstáculos que limitan o impidan a las personas con discapacidad su acceso a la Justicia en condiciones de igualdad”.

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