Los investigados querían hacerse con una finca embargada para eludir la sentencia

Los dos principales investigados en el presunto caso de corrupción en torno a la prisión de Sangonera la Verde de Murcia, junto con otros, realizaban gestiones en los últimos meses para hacerse, presuntamente, con una finca embargada y sortear así de forma fraudulenta la ejecución de la sentencia que condenó a su dueño por fraude a la Hacienda Pública.

Así se recoge, como indicio, en el auto judicial que este miércoles acordaba el ingreso en la cárcel del jefe de servicio de la prisión J.M.S.L., al que la Guardia Civil considera director intelectual de este caso de presunta corrupción junto con el empresario E.R.O., también investigado en estas diligencias.

El auto por el que se decretaba la prisión preventiva comunicada y sin fianza, al que ha tenido acceso Efe, señala que el descubrimiento de esa supuesta operación se llevó a cabo a través de las interceptaciones telefónicas que habían sido autorizadas por el juzgado de instrucción.

Según esas conversaciones, la operación pasaba, supuestamente, por hacerse con una finca colindante con la cantera embargada y que iba a salir a subasta, ubicada en Abanilla y propiedad de Evedasto L., igualmente investigado en este caso, y realizar un nuevo deslinde.

Indiciariamente, se cree que se trataría de frustrar la ejecución de la sentencia que condenó a este último a cinco años y tres meses de prisión y al pago de multas e indemnizaciones que sumaban cinco millones de euros por dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sucesiones de los años 2005 y 2006.

La resolución judicial señala que los investigados pretendían, a través de una compleja operación de ´deslinde´, sortear y frustrar el cumplimiento de la sentencia dictada por los delitos de fraude fiscal a la que fue condenado Evedasto L., “quien controlaba la cantera a través de testaferros y mediante la sociedad Yacimientos del Mediterráneo”.

Y añade que esa actuación concreta puede ser constitutiva, presuntamente, de un delito de frustración de ejecución de la sentencia, “ya que se trataba de la apropiación o adquisición fraudulenta de una finca objeto de embargo mediante una operación de deslinde”.

El auto que acordaba el ingreso en prisión del funcionario de prisiones señalaba que existen contra el mismo “indicios de participación delictiva plurales, sólidos y convergentes” que apuntarían a la presunta comisión de los delitos de cohecho continuado, estafa agravada, pertenencia a organización criminal y cooperación para la frustración de la ejecución de la sentencia condenatoria citada.

El delito de cohecho se habría cometido, supuestamente, con la percepción de dinero por facilitar los vis a vis, permitir que algunos internos pudieran tener teléfonos móviles y disponer de otras facilidades no permitidas por la normativa penitenciaria.

La resolución indica así mismo que este funcionario solicitó, presuntamente, un préstamo de 100.000 euros a la familia de un recluso que le pidió su mediación para solventar los problemas que este tenía con otros internos y que finalmente le entregaron 40.000.

El funcionario, durante su declaración en el juzgado, reconoció la recepción de esta última suma, junto con otra cercana a los 90.000 euros entregados por la pareja de otro preso.