La violencia machista cambia de género: El caso del ertzaina maltratador que se declaró mujer

El 28 de febrero de 2023, España aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como Ley Trans. Esta normativa, presentada como un avance en los derechos del colectivo LGTBI, permite a cualquier persona mayor de 16 años modificar su sexo registral con una simple declaración de voluntad, sin necesidad de informes médicos, cambios físicos o de nombre. Sin embargo, el principio de autodeterminación de género ha generado controversia, especialmente tras casos como el que hoy analiza en COPE Euskadi el experto en seguridad, César Charro. 

Un caso de violencia de género con un giro inesperado  

En la madrugada del 17 de agosto de 2024, en el barrio de Txomin Enea, San Sebastián, una discusión de pareja escaló hasta convertirse en un episodio de extrema gravedad. Según la denuncia de la víctima, su esposo, un agente de la Ertzaintza, la amenazó con un cuchillo de cocina en presencia de sus dos hijas, una de ellas un bebé que la madre sostenía en brazos. La mujer logró defenderse rociándolo con spray de pimienta y huyó descalza hacia la prisión de Martutene, donde pidió ayuda.

El agresor, que se atrincheró en el domicilio con la hija mayor, fue detenido tras negociaciones con la policía. Sin embargo, lo que parecía un caso típico de violencia de género dio un giro sorprendente: el hombre se había registrado como mujer un mes antes, amparado por la Ley Trans, lo que podría reducir significativamente las consecuencias legales de sus actos.

Las implicaciones legales de la autodeterminación de género  

El caso ha puesto en el punto de mira las posibles lagunas de la Ley Trans. Según César Charro: “Nadie hace leyes con la intención de perjudicar, pero a veces, al abordar realidades novedosas, las normas muestran debilidades que no se habían previsto. Este caso es un ejemplo de cómo la autodeterminación de género puede ser utilizada de forma que contradiga el propósito original de la ley.”

La calificación de violencia de género, que agrava las penas cuando el agresor es hombre y la víctima mujer, no se aplica si el agresor es legalmente una mujer. En este caso, lo que la víctima denunció como un intento de homicidio (con penas de 10 a 15 años) se incoó como amenazas graves, un delito con una pena de seis meses a dos años, lo que prácticamente descarta el ingreso en prisión. 

 ¿Fraude de ley o “probatio diabólica”?  

El debate sobre si el cambio de género fue una maniobra para eludir una condena más grave está abierto. Charro explica: “Estamos ante una ‘probatio diabólica’. No podemos probar que el agresor no se siente mujer, porque la ley no exige más que su declaración de voluntad. Técnicamente, su comportamiento como hombre no es relevante, y demostrar su intención real es prácticamente imposible.”

El Fiscal Jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, ha señalado que la Fiscalía intentará anular el cambio de género, pero reconoce que no es sencillo, ya que el acusado cumplió con los requisitos legales. Este vacío legal plantea preguntas inquietantes: ¿fue el cambio de género una estrategia premeditada? ¿Buscaba el agresor cometer un delito más grave, como un feminicidio? 

 Otros casos que alimentan la controversia  

Este no es un caso aislado. En España, un ertzaina de Gernika, campeón de artes marciales, cambió su sexo registral sin alterar su vida, generando críticas por el uso de vestuarios femeninos. En Reino Unido, un violador reincidente, tras declararse transgénero, fue trasladado a una prisión femenina, donde agredió a otras reclusas. Casos similares en Estados Unidos y España muestran cómo algunos maltratadores intentan aprovechar la legislación para obtener condenas más leves o mejores condiciones en prisión. Charro reflexiona: “La intención detrás de estos cambios de género es difícil de probar. Pero cuando hay antecedentes de violencia o delitos graves, es inevitable preguntarse si estamos ante una manipulación de la ley para garantizar la impunidad.”

 Un debate abierto  

El caso del ertzaina de San Sebastián no solo pone en evidencia las tensiones entre la protección de los derechos trans y la lucha contra la violencia machista, sino que también subraya la necesidad de revisar las posibles consecuencias no previstas de la Ley Trans. Mientras tanto, deja una pregunta en el aire: ¿cómo garantizar la justicia sin caer en callejones sin salida legales?