Las agresiones físicas o verbales a los médicos es un fenómeno creciente en Euskadi que constatan los propios profesionales sanitarios. Un informe de 2023 del ministerio de sanidad alertaba de que el 78% de los agredidos son mujeres, médicos y enfermeras, la mayoría son insultos y amenazas y sostiene que la incidencia es cuatro veces mayor en la Atención Primaria que en la Hospitalaria.

Son datos que corrobora el Dr Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava, entidad que exhibe en su fachada el cartel con el lema “Tolerancia cero ante las agresiones”, coincidiendo recientemente, el 12 de marzo, con el día europeo que recuerda esta realidad.

"La sociedad está cambiando a una sociedad de derechos y de prisas, lo quiero, tengo derecho y es ahora ", nos recuerda en Cope Euskadi el Dr Kepa Urigoitia, que enmarca este fenómeno no sólo en el ámbito sanitario sino en todos los ámbitos: "Es triste comprobar que después de esos miles de aplausos durante la Covid hayamos pasado a un incremento en la violencia a sanitarios, que no es más que un reflejo de un fenómeno sociocultural que está presente en todos los ámbitos como la violencia de género, la violencia infantil, la violencia política o la laboral".

Urigoitia recuerda que desde 2007 los Colegios de Médicos del País Vasco tienen acordado con la Fiscalía un "protocolo propio" de actuación en caso de agresión que lo tipifica como “delito de atentado” y que incluye penas de uno a tres años de cárcel para el agresor. En Bizkaia el Colegio de Médicos dio un paso más y tomó la decisión de personarse como "Acusación Particular" cuando el sanitario o la sanitaria agredida no quisiera denunciar. Urigoitia nos confirma que ahora quieren dar "una vuelta de tuerca más" y el objetivo es que el Colegio de Médicos pueda presentarse como "denunciante".

Como medida disuasoria el Colegio de Médicos de Álava pone a disposición de los colegiados que lo soliciten un "cartel", diseñado por el Consejo de Médicos del País Vasco, para que los profesionales puedan colocarlo en un lugar visible en sus consultas, en el que se advierte de que, en caso de "agresión", se interpondrá la denuncia correspondiente que podría acarrear penas de hasta 3 años de cárcel por un delito "de atentado a funcionario público".