El juez decreta la puesta en libertad provisional de 5 de los 6 jóvenes investigados por la muerte de Coca.

Las defensas lo habían solicitado al juez tras conocer que la autopsia "no era concluyente" sobre las razones de su muerte.

Juzgados de San Sebastián

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:12

El juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián ha ordenado la puesta en libertad provisional de cinco de los seis jóvenes que permanecían en prisión, investigados por la muerte de Santi Coca, el menor donostiarra que falleció tras una pelea en San Sebastián el pasado mes de abril. El juez instructor ha tomado esta decisión después de que el 5 de febrero el informe de la autopsia del Instituto Vasco de Medicina Legal estableciera que los traumatismos que sufrió el joven fueron de "escasa entidad", sin resultar concluyentes sobre las razones de la hemorragia cerebral que acabó con su vida y sin decantarse entre una causa "homicida" o "natural".

Santiago Coca falleció tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del pasado 26 de abril por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra, en una zona comprendida entre el ayuntamiento de San Sebastián y el Real Club Naútico, al inicio del Paseo de la Concha. En este lugar se produjo una pelea en la que el menor fallecido resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Donostia donde falleció dos días después. La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con los hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos, quienes se encontraban encarcelados desde el pasado 29 de abril. 

Tras conocerse el informe de la autopsia, las defensas de los jóvenes solicitaron su puesta en libertad que ha sido admitida por el juez para cinco de ellos, sin oposición por parte de la Fiscalía. No obstante el juzgado les impone distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial porque, según argumenta el juez, "tampoco puede descartarse su eventual participación en el incidente, que tendrá que esclarecerse a lo largo de la instrucción"

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