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Comienza en San Sebastián el juicio contra el tatuador acusado de abusos sexuales a sus clientas.

12 mujeres han denunciado al tatuador, que se enfrenta a una pena de más de 20 años de prisión.

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:14

Este miércoles ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián el juicio contra el tatuador acusado de abusar de doce mujeres, la mayoría clientas, y que se enfrenta a 14 imputaciones contra la libertad sexual, cuatro de ellas por agresión sexual. La vista oral ha comenzado con el testimonio de varias de las mujeres denunciantes. El acusado,  Jack E.L, de nacionalidad venezolana, detrás de un biombo, para que las denunciantes no le vieran, les ha escuchado testificar que los comentarios obscenos y de índole sexual comenzaban casi desde el principio de las sesiones de trabajo del tatuador, seguidos en algunos casos de tocamientos, besos , incluso llegando a utilizar en algunos casos la fuerza, mientras ellas se encontraban tumbadas en la camilla. "Paralizadas, temblando, en estado de shock", así han asegurado que lo vivieron y en varios de los testimonios, no han podido contener las lágrimas al contar que después de lo sucedido, para intentar olvidar, tuvieron que borrar el tatuaje que les hizo el acusado. 

Alan es un testigo que iba a comparecer mañana y que vivió con el acusado durante año y medio en el barrio de Alza hasta que supo que varias mujeres que acudían a su casa a tatuarse denunciaban este tipo de comportamientos, que siguieron también en la escuela de tatuajes de Gros , lo que motivó que le echaran. Comportamientos que según Alan " se prolongaron durante mucho tiempo, no se ha cortado y al final nadie del gremio quería saber nada de él". Precisamente este miércoles ha testificado la mujer que publicó a través de twitter que había sido acosada sexualmente por un tatuador, un mensaje que se hizo viral y que favoreció que se iniciara una investigación policial que finalizó con la detención del acusado en febrero del 2018.

En el juicio, la fiscalía solicita penas que suman 21 años y cuatro meses de prisión mientras que la defensa solicita la absolución del acusado, al entender que los hechos que se le imputan  "no son ciertos" y que durante la instrucción del caso se vulneró el derecho de su cliente "a un proceso con todas las  garantías".

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