El perfil del okupa se amplía: alertan de la llegada de mafias y estafadores de lujo a Baleares

La judicatura y las fuerzas de seguridad han iniciado una reacción social para compensar la problemática legal que el Gobierno ha generado en torno a la okupación. Así lo ha afirmado Fausto Oviedo, abogado y presidente de la Asociación Pro Derecho a la Propiedad Privada de Baleares, quien denuncia que la prórroga del decreto de vulnerabilidad durante seis años es "indeterminada e ilegal". 

Oviedo advierte de que "un estado de derecho sin derecho a la propiedad privada deja de ser un estado de derecho y se convierte en anarquía pura y dura", y agradece que los órganos jurisdiccionales estén encontrando vías para "agilizar el lanzamiento del okupa o el inquiokupa".

Un "efecto llamada" a las mafias

Lejos de estancarse, los casos de okupación "siguen aumentando", según el experto. Esta situación se ha visto agravada por la aparición de nuevas figuras delictivas y un cambio en el perfil de quienes cometen estos actos. "Yo más que cambiar, diría que se ha ampliado", precisa Oviedo.

Han aflorado perfiles como los "inquiokupas de lujo" o los "okupas vacacionales". Según el abogado, "España lo que ha hecho ha sido un efecto llamada a todas las mafias internacionales, a todos los caraduras, a todos los estafadores y a todos los jetas".

Tenemos todos los perfiles de okupa y de inquiokupa posibles"

Fausto Oviedo

Abogado y presidente de la Asociación pro Derecho a la Propiedad Privada de Baleares

La imagen tradicional de la persona necesitada que okupa una vivienda ruinosa ha dado paso al asalto a segundas residencias y viviendas de más poderío y lujo. "Tenemos un totum revolutum, tenemos todos los escenarios posibles, tenemos todos los perfiles de ocupa y de inquiocupa posibles", lamenta Oviedo, señalando a Mallorca como un destino preferente para estas prácticas.

El drama de los propietarios

Las medidas cautelares se han vuelto esenciales debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden durar dos o tres años. Este tiempo, según el letrado, "arruina al propietario, pauperiza la propiedad, con la desaparición de todo ese ahorro familiar". Recuerda que muchas personas invirtieron en un inmueble para complementar un "quebrado sistema de jubilación".

Más que el daño material, al final lo que más pesa es el daño moral y psicológico"

Fausto Oviedo

Abogado y presidente de la Asociación pro Derecho a la Propiedad Privada de Baleares

Esta situación genera una profunda "sensación de indefensión" en las víctimas. Oviedo, que asesora a personas afectadas, subraya el impacto personal que sufren: "Más que el daño material, al final lo que más pesa es el daño moral y psicológico".

El presidente de la asociación relata casos recientes, como el de un señor sueco que alquiló un piso de lujo en Santa Ponza, se marchó y dejó a su pareja en la vivienda, eludiendo el pago. También menciona a un matrimonio holandés cuya casa rural fue ocupada por personas que presentaron un contrato falso para retrasar el desalojo y poder vivir "gratis en una casa que vale un Potosí".

La problemática ha alcanzado niveles "surrealistas", con ocupaciones de espacios comunitarios en fincas de vecinos, como un garaje, un trastero o incluso "la caseta de una piscina en un complejo".

Una legislación insuficiente

El problema de fondo, según Oviedo, es que la "inquiokupación no es un delito" como tal en el código penal. Aunque se ha reclamado su tipificación, actualmente los propietarios deben recurrir a la figura de la estafa o del fraude, que son delitos menores, para poder actuar legalmente.

Esta indefensión provoca que muchos propietarios prefieran mantener sus casas cerradas antes que arriesgarse a impagos y ocupaciones. Esto, a su vez, "trastoca" el mercado inmobiliario de arrendamiento y perjudica al "trabajador legal que lo que quiere es trabajar y ocupar una casa mediante un acuerdo". Por ello, concluye que es necesario "un cambio y este giro radical de la normativa vigente".