Natalia Bueno, presidenta del Colegio y de la Asociación API Baleares, explica que la instrucción emitida por el fiscal Bartomeu Barceló genera muchas confusiones en relación a la actuación de los cuerpos policiales en casos de 'okupas' en viviendas.

Bueno dice que tras la aprobación de la instrucción por parte del Fiscal no cambia la situación legal que existía anteriormente, ya que solo afecta a cómo pueden actuar los cuerpos de seguridad. "Dicho informe no cambia la situación legal, sino que solamente aclara a los cuerpos de seguridad cómo actuar en función de cada caso", asegura Bueno.

Desde API no creen que toda la responsabilidad deba recaer en los jueces de guardia, que son los que actualmente deberán tomar una decisión final, sino que debe crearse una ley clara por parte de los político para dictaminar que cualquier tipo de ocupación sea un delito, ya sea en una vivienda del banco o de una persona física, algo que determina cómo de leve o grave es el delito: "Queda claro cuando el titular del inmueble es una persona física, pero no así cuando el titular es una persona jurídica".

El objetivo de la exigencia por parte de API de crear una ley concreta es para terminar con las muchas mafias que existen que controlan las viviendas deshabitadas y se las hacen suyas. Bueno explica que, aunque haya casos puntuales donde las familias que ocupan viviendas lo hacen por verdadera necesidad, un 80 o 90% de los casos son mafias que controlan los pisos de los bancos y cobran a las familias.