El Estado desiste de defender en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional la prórroga de la concesión a Ence en la ría de Pontevedra, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy en funciones en enero de 2016.

En un comunicado, la compañía muestra su rechazo ante "el inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional (promovidos por el Concello de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace), que pretenden que se declare la nulidad de la resolución que otorgó una prórroga de 60 años a la pastera.

La compañía sostiene que esta actuación del Estado "solo puede ser explicada en clave electoral", a la par que "es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento".

En esta línea, Ence avisa de que esta decisión pone en riesgo la planta, ya que "si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia". Censura que "es una falta de respeto" para las familias que dependen de forma directa o indirecta de la fábrica.

Y es que la empresa muestra su "sorpresa" debido a que ahora la Dirección General "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal", "cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence".

Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación.