Firmado por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el Diario Oficial de Galicia de este miércoles publica "o cesamento, por petición propia, de María Luisa Piñeiro Arcos como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra en representación da Comunidade Autónoma de Galicia, agradecéndolle os servizos prestados". La orden se dio el pasado día 8, el siguiente día laborable para la administración tras hacerse pública la sentencia por la que Luisa Piñeiro dimitió como delegada de la Xunta en Pontevedra.

MOTIVO DE LA DIMISIÓN

El 5 de febrero, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, presentó su renuncia al cargo que ostentaba tras ser condenada a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude aunque anunció que recurrirá la sentencia para defender su "honorabilidad" y "su proceder" durante su etapa como alcaldesa de Moraña.

Así lo ha manifestado en una comparecencia que ha tenido lugar en la sede provincial del PP en Pontevedra horas después de que se hiciese pública la resolución del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Así, Piñeiro, que se ha dado de baja del partido, ha incidido en que la sentencia no es firme y se ha mostrado "sorprendida" ante la misma, pero ha decidido renunciar a su cargo para "no perjudicar a las instituciones que representa".

En concreto, la magistrada consideró probado que Piñeiro y el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña, localidad de la que la primera fuera regidora.

Por ello, la sentencia relativa al juicio que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de 2020 y que no es firme impuso una pena de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público a la exalcaldesa de Moraña como cooperadora necesaria del delito de prevaricación y autora de un delito de fraude.

Luisa Piñeiro ha explicado que recurrirá la sentencia para "defender su honradez" y "reiterar su convencimiento" de que la actuación que ejerció durante su etapa como alcaldesa fue "correcta y siempre ajustada a Derecho en ese momento". De este modo, ha defendido que en ese periodo trabajó "única y exclusivamente por el bienestar de los vecinos de Moraña" e "incansablemente".

PROCESO "LLEVADO A CABO EXCLUSIVAMENTE" POR LA DIPUTACIÓN

En esta línea, la exregidora de Moraña ha recalcado que el proceso de contratación y adjudicación de la obra y el control de la dirección de la misma y las certificaciones fueron llevados a cabo "únicamente y exclusivamente por personal de la Diputación de Pontevedra", por lo que ha incidido en que ella "no tenía ninguna responsabilidad en ese momento" al respecto.

Asimismo, Piñeiro ha cuestionado el hecho de que la magistrada la haya considerado colaboradora necesaria del delito de prevaricación. "Porque pedí una subvención estoy aquí. Por eso, hago esa reflexión de que los 313 compañeros míos de Galicia, alcaldes y alcaldesas, es lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo", ha reiterado.

También ha destacado que le "sorprende muchísimo" que haya "algún párrafo en el que reconocen que había una parte del muro que no está hecha" pese a que puede observarse "a simple vista".

PARTE DE LA OPERACIÓN PATOS

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El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra consideró probado que la constructora, a la que la Diputación adjudicara en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación.

En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, la jueza explicó en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la ayuda a la Diputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas" y el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones".

La magistrada ordenó en la resolución el comiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de las gradas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto.

La investigación sobre este asunto fue uno de los múltiples frentes abiertos a raíz de la Operación Patos, de los que solo llegaron a juicio, además de este asunto relativo a las obras del campo de fútbol de Moraña, tres piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, cuyo juicio aún no se ha celebrado tras ser aplazado en varias ocasiones.