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Galicia cuenta, desde hoy, con una Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana

La nueva normativa contempla sanciones de hasta 100.000 euros para los autores de pintadas en los cascos históricos

Angeles Vázquez

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Amelia GonzálezOURENSE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:42

Hoy ha entrado en vigor la primera Lei de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana de Galicia, que ha impulsado la Xunta con el fin de agilizar los trámites necesarios para rehabilitar los edificios ubicados en centros históricos y las viviendas de núcleos rurales, así como en las áreas de rehabilitación integral y en las zonas específicas que se encuentren abandonadas.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se reunió con los empresarios de Ourense para informarles de los pormenores de la nueva normativa: “Antes lo que se hacía era informar por parte del ayuntamiento y, aparte, eran necesarios informes sectoriales, como el de Patrimonio. Dos informes, pérdida de tiempo, muchos meses... y ahora el procedimiento será mucho más operativo, puesto que las licencias las concederán directamente los ayuntamientos en los casos de cambio de tejado, carpintería exterior, interior de edificios... siempre y cuando el edificio no esté catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural)”, señaló Ángeles Vázquez.

La conselleira precisó que esta ley contempla la posibilidad de que varias viviendas puedan compartir servicios comunes, como la escalera o el ascensor, para ganar espacio y dar funcionalidad a los espacios habitables como a los bajos que puedan ser susceptibles de ser utilizados como locales comerciales.

Ley de rehabilitación recoge, también, la capacidad de la Xunta para expropiar viviendas en ruinas en cascos históricos, e incorpora un régimen sancionador que permitirá luchar contra las pintadas y graffitis. Según precisó la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda “ir a un casco antiguo y ver un montón de pintadas, después del esfuerzo que hacen los dueños de los inmuebles, o la administración, no lo podemos consentir. Y lo que antes era considerado como un acto vandálico, ahora se tipifica con sanciones que van desde los 300 a los 100.000 euros”.

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