La Fiscalía Provincial de Ourense ha decretado el archivo de las diligencias informativas que se abrieron contra el alcalde tras una denuncia anónima, con fecha de 14 de octubre de 2020, por la anulación del sistema de bolardos en el centro histórico de la ciudad que se llevó a cabo el 26 de febrero del pasado año.

Según ha informado el Concello de Ourense, la fiscal jefe explica en su escrito que “en las diligencias practicadas no se encontraron suficientes indicios de un delito de malversación de caudales públicos”.

Por más que la actuación del alcalde no se sujetase al procedimiento “utilizando la vía de hecho”, señala la fiscal que “difícilmente se podría calificar de arbitraria su decisión desde el punto de vista penal, cuando no existe advertencia o reparo del secretario municipal, y está fundamentada en los daños materiales a vehículos, y personales a los viandantes causados por el sistema de bolardos”.

El decreto de la Fiscalía apunta, además, que “el supuesto grave perjuicio patrimonial a los ciudadanos que adquirieron los dispositivos, no constituye ilícito penal alguno, sino un supuesto de responsabilidad penal del Concello”.