La jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid investiga al delegado del Gobierno en aquella comunidad autónoma para esclarecer si cometió prevaricación al permitir la manifestación del 8-M y otras 76 reuniones multitudinarias.

Esta investigación da respuesta a la denuncia presentada por un abogado ouresano. Se llama Víctor Valladares, y en su demanda argumenta que “en fecha 8 de Marzo de 2020, y desoyendo las indicaciones de la Unión Europea, por parte de los diferentes Delegados del Gobierno, todos ellos bajo el auspicio del Presidente del Gobierno Español, aprobaron entre otras, la celebración de manifestaciones que congregaron a cientos de miles de personas, existiendo ya en España en esa fecha, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 580 infectados por el COVID- 19, y aún pese a ello se desoyeron las indicaciones de la UE”.

Valladares precisó que la denuncia no sólo se refiere a la celebración de las manifestaciones del 8-M: “quiero aclarar que la denuncia no es sólo contras manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, sino reuniones políticas, eventos deportivos y espectáculos musicales. Y es una denuncia presentada como particular, porque hay un artículo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina que cualquier persona que sea testigo de un delito público tiene la obligación de denunciarlo”, señaló en una entrevista en COPE Ourense.

El abogado ourensano considera que “el Presidente del Gobierno cometió delito de prevaricación  por no impedir las manifestaciones del 8-M para evitar la propagación del coronavirus, pese a las indicaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades, y contra los delegados del gobierno, que autorizaron las manifestaciones a sabiendas de su injusticia, poniendo en peligro la salud y vida del conjunto de la ciudadanía”.