Comprar una bebida energética a un menor puede costar más de 3.000 euros: Galicia activa su pionera ley de protección de la salud

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oificial de Galicia (DOG), la nueva ley que regula de forma estricta la venta y consumo de bebidas energéticas y cigarrillos electrónicos a los menores de edad. La medida, que entrará en vigor en marzo de 2026, se fundamenta en informes epidemiológicos y estudios científicos que, según Jaime Fraga, jefe de servicio de prevención de conductas adictivas de la Consellería de Sanidade, demuestran que "son perjudiciales para la juventud, sobre todo para los menores de edad".

Riesgos de las bebidas energéticas

El texto legal establece un límite de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros para que un producto sea considerado bebida energética. Jaime Fraga ha explicado que el consumo en menores se asocia a "trastornos de sueño, tanto en el inicio como en el mantenimiento", además de provocar "situaciones de taquicardias, nerviosismo y ansiedad", especialmente cuando hay un consumo excesivo o se mezcla con alcohol.

Fraga ha sido tajante al afirmar que no existe un consumo seguro de estas bebidas en menores, ya que su sistema nervioso y su cerebro están "en desarrollo". Por ello, ha insistido en que este tipo de sustancias psicoactivas, como la cafeína, "hay que tener mucho cuidado, evitarlas lo máximo posible".

El mito de los vapeadores inocuos

La prohibición se extiende también a los vapeadores o cigarrillos electrónicos que no contienen nicotina. La razón es que incorporan "aromatizantes, saborizantes y otro tipo de componentes" que, aunque no están tan estudiados como el tabaco, "se está viendo que tienen efectos perjudiciales, porque, por ejemplo, son irritantes para el pulmón", ha señalado Fraga.

Si empiezan con cigarro electrónico es muy probable que pasen a cigarro convencional"

Jaime Fraga

Xefe de Servizo de Prevención de Condutas Adictivas da Consellería de Sanidade

El experto desmonta la idea de que son una alternativa menos dañina, calificándola de mito impulsado por la publicidad, y advierte de que son una puerta de entrada al tabaquismo. Las cifras muestran que, mientras el consumo de tabaco convencional baja, el del cigarrillo electrónico sube, con más del 40% de los jóvenes habiéndolo probado. 

Según los datos del informe de la administración autonómica de 2025, entre los 14 y los 18 años el 41,4 % de la infancia probó alguna vez los vapeadores. En concreto, el 40,3 % de las niñas y el 42,5 % de los niños. En cambio, el consumo de tabaco es notablemente inferior, con un 29,2 % en niñas y niños de 14 a 18 años. 

Fraga ha afirmado que "está demostrado que si empiezas a consumir cigarro electrónico, luego es muy probable que pases a un cigarro convencional".

Concienciación y multas de hasta 15.000 €

La ley no solo busca restringir, sino también generar concienciación social. Con este objetivo, se contemplan sanciones económicas importantes que actúen como elemento disuasorio, con multas que pueden ir de los 3.000 a los 15.000 euros por vender este tipo de productos a un menor de edad.

Los establecimientos se enfrentan a esas multas, pero también los adultos que compren las bebidas destinadas a menores.

El objetivo final, según Fraga, es "que la población sepa que estas bebidas son perjudiciales". Aunque controlar la venta en establecimientos es factible mediante inspecciones, reconoce que es "un poquito más difícil de controlar" que un adulto compre los productos para dárselos a menores, si bien estas conductas serán sancionadas si se detectan.

otras restricciones de la ley gallega

Se amplía, además, la prohibición de fumar en los accesos de centros de la administración pública, centros educativos y sanitarios, en los que no se permite fumar, en un radio de 50 metros.

Para reducir el número de fumadores pasivos, tampoco estará permitido fumar en las marquesinas de transporte público ni en las piscinas de uso público.

Galicia es pionera al dar este paso, pero no está sola. Jaime Fraga ha confirmado que otras comunidades autónomas como Asturias y Andalucía están dando los mismos pasos y avanzando en el estudio para regular las bebidas energéticas. Esto podría ser el primer paso para que otras regiones sigan el ejemplo o incluso se adopte una medida a nivel nacional.