El clamor en Galicia para liberar la AP-9: “Entre un 8 y un 15% de mis costes son peajes, es una barbaridad”

El futuro de la AP-9 está en el aire. Mientras el Gobierno español agota los plazos dados por Bruselas para acatar el dictamen que declara ilegal la prórroga de su concesión hasta 2048, el sector del transporte y colectivos de usuarios en Galicia elevan el tono. La demanda es unánime: fin a los peajes. La presión social y judicial crece ante lo que muchos ya califican como un “agravio histórico” para Galicia.  

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 Una batalla legal que ya está en marcha   

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (FEGATRAMER) ha iniciado oficialmente su ofensiva jurídica para acabar con lo que consideran una concesión ilegal de la AP-9. Su secretario general, Carlos García Cumplido, ha insistido en COPE Galicia:  “Estamos convencidos de que esta concesión fue prorrogada de forma ilegal. Y aunque el Gobierno no actúe, nosotros seguiremos adelante por la vía judicial”, explicó.

Para FEGATRAMER, la prioridad es clara: liberalizar completamente la autopista, eliminar los peajes, tampoco abogan por el rescate de la concesión, ya que está "más que amortizada" y  apuestan porque la gestión de esta infraestructura pase a manos de la Xunta. "No es razonable que sigamos pagando una autopista más que amortizada. Esta infraestructura debería estar ya en manos gallegas", afirmó García Cumplido. 

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 Un coste inasumible para el transporte gallego  

Desde el sector empresarial también se alzan voces contundentes. José Fernández, de TRADIME, asociación de transportistas de Lugo, y empresario del transporte, estima que los peajes de la AP-9 suponen un 8% del coste operativo para muchas empresas. "Es una barbaridad", aseguró.

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José Fernández, empresario de TRADIME

Además, señala que ese coste es "muy difícil de repercutir al cliente final", lo que golpea directamente a la rentabilidad de los negocios gallegos. "Si ya es difícil sobrevivir, con este peaje lo es aún más. Que desaparezcan todas las autopistas sería un alivio total para el sector", sentenció. 

 “Estamos pagando una autopista ilegal”  

La asociación de usuarios En Colectivo, presidida por Diego Maraña, lleva años denunciando abusos derivados de la gestión de la AP-9. En declaraciones a COPE Galicia, Maraña ha sido tajante: “Estamos pagando una autopista que no es legal, según la normativa europea”.

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Diego Maraña, presidente de En Colectivo

El 17 de septiembre vence el plazo de dos meses que la Comisión Europea dio al Gobierno de España para rectificar la ampliación de la concesión hasta 2048, calificada como ilegal por Bruselas. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha asumido públicamente ninguna decisión.

“Si esto pasara en Cataluña o en el País Vasco, ya estaría resuelto. Galicia es siempre tratada como una comunidad de tercera”, lamentó Maraña. 

 Obras de Rande: tres años de peajes que podrían ser ilegales  

En paralelo, el Tribunal Supremo estudia una posible devolución de peajes cobrados durante las obras de ampliación del Puente de Rande (2015-2018). Según En Colectivo, los usuarios vieron duplicado el tiempo de trayecto y no se garantizó ni la seguridad ni la fluidez del tráfico, como exige el contrato de concesión.

“Tenemos derecho a que nos devuelvan todo lo cobrado durante ese tiempo. No solo por las incidencias puntuales, sino por los tres años completos”, denunció Maraña.

Mientras tanto, lamentan que “el impacto social no ha sido suficiente para presionar al Gobierno central”. 

 "Un camión puede llegar a gastar 3.000 euros al mes solo en peajes" 

Iván Marrube, responsable de la empresa gallega Reyco, dedicada al transporte nacional e internacional, advierte del enorme impacto económico que tienen los peajes de la AP-9 en su actividad diaria. “Es una de las autopistas que más transitamos con nuestra flota, a pesar de que trabajamos por toda España y Europa”, señala.

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Iván Arrube, responsable de Reyco

Según explica, los peajes pueden llegar a representar hasta un 15% de los costes totales de explotación de un camión. “Hay rutas donde el coste de autopistas es cero porque todo va por autovía, pero cuando pasas por zonas como Galicia, la diferencia es enorme”, apunta. En su caso, las rutas frecuentes entre A Coruña y Vigo suponen un gasto diario y acumulativo que afecta seriamente a la competitividad de las empresas.

Marrube detalla que un camión que opera de forma intensiva en una ruta internacional, puede llegar a pagar entre 2.000 y 3.000 euros mensuales solo en peajes, una cifra que se suma a otros costes estructurales como el gasóleo. “Todo el mundo piensa solo en el combustible, pero los peajes son un coste invisible que va lastrando la rentabilidad.”, afirma.

El empresario insiste en que, para el sector del transporte, la liberalización de la AP-9 sería un gran alivio: “No hay alternativa. Nos vemos obligados a usar esta autopista. Si desaparecen los peajes, sería un ahorro muy importante para nosotros y para toda Galicia”.

 ¿Qué futuro le espera a la AP-9?  

A pesar del silencio administrativo que algunos auguran, tanto FEGATRAMER como En Colectivo y TRADIME coinciden en que la presión judicial y europea es ya irreversible.

“Antes o después, la AP-9 dejará de ser de pago. Lo deseable sería que el Gobierno lo asumiera cuanto antes”, apuntó Carlos García Cumplido.

Mientras tanto, los gallegos siguen pagando millones de euros anualmente por una autopista que recorre únicamente su territorio y cuyo futuro aún está por despejar.

el gobierno culpa al pp Y SE LIMITA AL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Desde el Ministerio de Transportes han recordado que la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048 fue una decisión del Gobierno del Partido Popular en el año 2000, bajo la presidencia de José María Aznar. Fuentes del ministerio insisten en que es el PP quien debe dar explicaciones sobre una decisión que consideran “claramente perjudicial para los derechos de los ciudadanos”. 

Aseguran que, a pesar de no compartir ese modelo de gestión, el actual Gobierno ha colaborado con Bruselas en todas las fases del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, respondiendo a sus requerimientos “por responsabilidad y en defensa del interés general”. De hecho, remarcan que este mismo miércoles, ya consumido el plazo de dos meses dado por la UE, España ha enviado una respuesta detallada con documentación y aclaraciones para que sean tenidas en cuenta en la valoración final.

El Ministerio puntualiza que la fase actual del procedimiento no supone aún su cierre y que se seguirán analizando los pasos de la Comisión, sin descartar agotar todas las vías posibles.