Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el "Pequeño Nicolás", se sienta este martes en el banquillo de los acusados por el viaje que hizo a Ribadeo en agosto de 2014 haciéndose pasar presuntamente por un enlace entre el Gobierno y la Casa Real, por el que la Fiscalía pide para él siete años de cárcel.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará este martes y el miércoles y jueves el juicio al Pequeño Nicolás por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo.

Junto a él se sentarán en el banquillo de los acusados un cabo de la Policía Municipal de Madrid y un policía municipal de Torrijos, para cada uno de los cuales el Ministerio Público pide cinco años y medio de prisión.

Será la cuarta vez que se intente celebrar este juicio por el viaje a Ribadeo, tras una suspensión en 2019 por un cambio de letrada de el Pequeño Nicolás porque recibió presiones, la segunda por la pandemia de coronavirus en 2020 y la tercera el pasado mes de enero por contacto directo de Covid de uno de los letrados.

La Fiscalía pide para Gómez Iglesias siete años de prisión y una multa de 81.000 euros, mientras que la acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos pide 11 años de prisión para Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado, 21 meses de cárcel y una multa, y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.

La "reunión" en Ribadeo

El Ministerio Público detalla que a principios del mes de agosto de 2014 el Pequeño Nicolás propuso organizar una reunión a un empresario asturiano -Jorge Cosmen- al que le hizo creer que era un funcionario público, enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.

Y finalmente el 13 de agosto ambos almorzaron juntos en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real", algo que nunca ocurrió.

Para llevar a cabo su plan Gómez Iglesias había contactado previamente con dos policías municipales, a los que pidió que le proporcionaran los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público, a cambio de una gratificación por sus servicios.

Por su parte el letrado del Pequeño Nicolás, Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo, defenderá que el procesado no cometió delito.

Este martes está prevista la tramitación de las cuestiones previas, los interrogatorios de los tres acusados y la declaración en calidad de testigos de tres policías nacionales.

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El miércoles declararán varios testigos como el empresario Jorge Cosmen y un brigada de la Guardia Civil.

Ya el jueves darán su testimonio otros testigos como el inspector jefe de la Policía Municipal de Ribadeo, se practicarán varias pruebas periciales y se conocerán los informes finales, todo antes del derecho a la última palabra de los acusados.